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El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere crear en la siguiente legislatura un sistema de integridad institucional en la Administración regional cuya «piedra angular» tiene que ser un Estatuto del Alto Cargo, «que regule muy bien las condiciones que tiene que cumplir en el ejercicio diario en su actividad».

Así lo ha avanzado el vicepresidente primero del Ejecutivo castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro, en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación de la Guía para la prevención de la corrupción en las administraciones públicas de Castilla-La Mancha, elaborada por la Universidad de Castilla-La Mancha de la mano del Gobierno regional.


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A juicio del vicepresidente regional, dicho Estatuto del Alto Cargo llevará aparejado, entre otras cosas, un registro de intereses e incompatibilidades para cuando deje la actividad política y regrese a su actividad profesional.

Y es que por medio de ese sistema de integridad institucional el Ejecutivo de Castilla-La Mancha pretende trasladar «tranquilidad» a los ciudadanos y recuperar también el «buen nombre» de las administraciones y la gestión publica, «una actividad muy denostada por la corrupción, que mete a todo el mundo en el mismo saco con independencia de la actitud que se haya tenido ante ese tipo de actividades que, desgraciadamente, han estado muy presentes en algunas instituciones de nuestro país».


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No obstante, Martínez Guijarro ha destacado que en la Administración castellano-manchega «nunca ha habido ningún responsable político imputado por causas de corrupción», fruto de la normativa, en su momento «pionera», que obliga a los gestores públicos de la administración castellano-manchega a hacer declaraciones de bienes, rentas y actividades.

Dicho esto, también ha aludido a la Ley de Transparencia que, aprobada por unanimidad en las Cortes regionales en la presente legislatura, es un elemento «clave» para la prevención de la corrupción pues, entre otras cosas, ha regulado los grupos de interés –los llamados lobbies– que se acercan a los responsables políticos para intentar influir en su toma de decisiones.

SIN EXCUSAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN


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Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la UCLM, Adán Nieto Martín, que ha coordinado la elaboración de dicha guía, ha hablado de ella como «una especie de kit de montaje para que cualquier responsable de una institución pública, desde el rector de la universidad al alcalde del pueblo más pequeño de la región, adopte una serie de medidas de prevención de la corrupción».

«A veces los responsables públicos piensan que la prevención de la corrupción es una especie de mal endémico contra el que deben luchar otros como policías, jueces, fiscales. Pero esta guía es la forma de decirles que no, que en tu propia casa, adoptando una serie de medidas de organización que ya están muy desarrolladas en otros países incluso en el seno de las propias empresas puedes hacer mucho para prevenir la corrupción. No hay excusas», ha insistido.


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Y es que el catedrático de Derecho Penal de la universidad regional ha alertado de que sí antes era la contratación pública o el urbanismo los que daban «gran margen de discrecionalidad a los responsables públicos a la hora de tomar decisiones que tenían un contenido económico muy importante, ahora la corrupción puede colarse por cualquier punto».

«Estamos viendo lo que está sucediendo en algunas universidades de Estados Unidos con el pago de sobornos a la hora de admitir a alumnos, o en las universidades con los másteres. No siempre hay grandes cantidades de dinero por medio para que se cuele la corrupción», ha insistido Nieto, que ha añadido que algo vital para prevenirla es el análisis de riesgo. «Cada institución debe conocerse a sí misma y detectar cuáles son sus procedimientos más débiles por donde pueden aparecer casos de corrupción».


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Por último, Adán Nieto ha concluido agradeciendo la participación de los servicios jurídicos de la Junta en la elaboración de dicha guía, pues han aportado un gran conocimiento en temas complejos de la normativa administrativa, puntos en los que en mayor modo «anida la corrupción», como en materia de urbanismo o en contratación pública.

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