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El Tribunal de Cuentas ha elaborado y publicado el informe de fiscalización de Castilla-La Mancha relativo a 2012, el primer año de Gobierno completo de la presidenta Cospedal.



Se trata de la primera vez que el Tribunal de Cuentas audita las cuentas de la Castilla-La Mancha tras la supresión del Síndico de Cuentas autonómico en abril de 2014, una medida de austeridad con la que se ha ahorrado 1,6 millones de euros y cuya finalidad ha sido eliminar duplicidades en la Administración regional.

El Gobierno de la presidenta Cospedal se comprometió a que el informe de fiscalización estuviera terminado a principios de 2015. Del mismo modo, el consejero del departamento de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas, Ángel Algarra, también hizo firme su compromiso de que el informe estuviera terminado en esa fecha, como así ha sido.


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Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se quiere agradecer la celeridad y el riguroso trabajo que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas, gracias a lo cual ha sido posible cumplir con el plazo.

El informe ha sido enviado hoy a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha por parte del presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda. De este modo, se cumple con la obligación de transparencia y control de las cuentas de nuestra región, y queda patente que la supresión del Síndico autonómico no ha supuesto ningún retraso ni merma de control, sino todo lo contrario.

En todo el proceso ha sido máxima la colaboración prestada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha puesto a disposición del Tribunal toda la información y documentación solicitada de manera inmediata.

El informe, un exhaustivo documento de más de 250 páginas, pone de manifiesto toda una serie de mejoras realizadas en la gestión durante el año 2012, así como determinados aspectos que deben corregirse y que en gran medida derivan de situaciones de cuentas de años anteriores. Muchos de estos aspectos ya han sido corregidos en los años posteriores, y el Gobierno de Castilla-La Mancha confía en que así se refleje en los informes sucesivos.



Entre los puntos más destacables del informe del Tribunal de Cuentas destacan las extraordinarias medidas llevadas a cabo por el Gobierno de la presidenta Cospedal para corregir el grave problema de déficit público que arrastraba la Comunidad.

Debe recordarse, tal y como hace el informe, que el déficit ascendió al 7,31 por ciento en 2011 (frente al objetivo del 1,3 por ciento), lo que suponía un exceso de 2.789 millones sólo en ese ejercicio. Finalmente, gracias al esfuerzo adoptado y a las medidas del Gobierno regional, el déficit se situó en 557 millones de euros (1,5 por ciento).


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Por tanto, tal y como queda patente en el informe, en un solo año el déficit se redujo de 2.789 millones a 557 millones, es decir, un 80 por ciento. Este esfuerzo de consolidación fiscal tiene aún más valor si se tiene en cuenta que aún en 2012 fue necesario reconocer gastos que procedían de ejercicios anteriores, como se indica en el informe, como por ejemplo gastos del Servicio de Salud por 41 millones de euros que no se habían reconocido en los ejercicios a los que correspondían.

A ello hay que añadirle que en diciembre de 2011 fue necesario realizar un suplemento de crédito por importe de 1.534 millones de euros para compromisos de gasto de ejercicios anteriores que no fueron debidamente contabilizados en su momento.



Como queda patente, Castilla-La Mancha ha realizado un importante esfuerzo de contención del gasto y de obtención de mayores ingresos sin que haya existido merma de los servicios fundamentales. El informe recoge los datos de los diferentes gastos e ingresos, y destaca que los ingresos reconocidos netos se elevaron a 11.089 millones de euros, lo que supone un incremento del 64 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Racionalización del sector público



En el ámbito de la racionalización del sector público, el informe destaca la importante reducción de entes que se ha realizado en la comunidad autónoma. Así, estaba prevista una reducción de 44 entidades respecto a los 82 existentes y, como recoge el informe, a finales de 2012 ya se habían suprimido 32 de los 44, estando los demás en proceso de eliminación, lo que ha tenido lugar en los años siguientes. Con este proceso de racionalización se ha obtenido en 2012 un ahorro respecto de 2011 de 35 millones de euros.

También se destaca en el documento que hay varias recomendaciones de las señaladas por la Sindicatura de Cuentas en sus anteriores informes que han sido cumplidas (en muchas ocasiones se venían reiterando y no habían sido nunca implantadas hasta ahora). Por ejemplo, la reestructuración del endeudamiento vivo, transformando parte de los préstamos y créditos a corto plazo en financiación a largo plazo, y el dictado de la Ley autonómica 11/2012, donde se recoge un límite de gasto no financiero y el Fondo de Contingencia.

El Tribunal de Cuentas recoge en su informe algunas deficiencias sobre el sistema contable y financiero de carácter formal, que en la mayoría de los casos ya estaban presentes en las cuentas presentadas de ejercicios anteriores. En muchos casos, esas deficiencias ya han sido corregidas o están en vías de corregirse, debiendo destacarse que la cuenta general y las cuentas individuales han sido presentadas en plazo, de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad.

El informe recoge una serie de recomendaciones que serán convenientemente atendidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar los mecanismos de información y los sistemas contables.

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