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El Tribunal de Cuentas ha determinado que las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan Extraordinario y Urgente por el Empleo de Castilla-La Mancha en el periodo 2015-2018 «no alcanzaron los objetivos propuestos de reinserción en el mercado laboral de los trabajadores desempleados de la región, sino que más bien se limitaron a implementar fórmulas temporales de contratación pública».

La fiscalización se ha realizado sobre el análisis de las actuaciones de las diputaciones provinciales como colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la financiación de las subvenciones y sobre las actuaciones de las entidades locales beneficiarias en las distintas convocatorias de subvenciones.



Este informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge la fiscalización realizada sobre las actuaciones llevadas a cabo por las entidades locales, a través de las tres líneas de actuación frente al desempleo de larga duración: subvenciones para el fomento de la contratación de personas que han agotado su prestación por desempleo; subvenciones concedidas dentro del programa Garantía+55 y subvenciones para entidades especialmente afectadas por el despoblamiento o tasas de desempleo especialmente elevadas.

En relación con la ejecución del Plan se pone de manifiesto que «Un tercio de las entidades de la muestra no publicaron adecuadamente la información para participar en el Plan de Empleo», que «la definición de los criterios de selección de los proyectos por las entidades fue insuficiente y no permitía identificar los objetivos a alcanzar, las tareas a desarrollar, ni valorar su contribución a la futura empleabilidad de los participantes».


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La obtención de competencias laborales que mejorasen la empleabilidad futura de los participantes «no se tuvo en cuenta como criterio de selección de proyectos, aun cuando era uno de los principales objetivos del Programa de Rescate frente al desempleo de larga duración» y «no se estableció un procedimiento para la selección de proyectos, haciéndose una simple remisión a los criterios de selección de las bases de las convocatorias», ha informado el Tribunal de Cuentas en nota de prensa.

En cuanto a los ámbitos de actuación de los proyectos y su objeto, El Tribunal considera que «se priorizó desarrollar proyectos para apoyar o reforzar los servicios municipales insuficientemente dotados, actuaciones que debieron haberse prestado por empleados de los ayuntamientos; en otros casos, se ejecutaron proyectos que tenían por objeto servir de apoyo al propio Plan, apartándose de sus objetivos y naturaleza». Por otra parte, en algunos de los ámbitos de actuación previstos en las convocatorias no se llegó a desarrollar ningún proyecto.


Por lo que se refiere a la justificación y liquidación de los proyectos, el Informe indica «que se realizó fuera de plazo», que una cuarta parte de las entidades fiscalizadas «no realizaron control» para verificar que los fondos se destinaron a los fines establecidos en la concesión de la subvención; y «en los demás casos, se realizaron controles de seguimiento contable; sólo el 9,5 % de las entidades dispuso de procedimientos específicos de control interno para el Plan».

En materia de seguimiento de la ejecución de los proyectos, se indica que la mayor parte de las entidades se limitaron a realizar un seguimiento genérico por los departamentos de empleo y de promoción económica, «no realizándose seguimiento individualizado de la ejecución de los proyectos».


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Respecto de los resultados del Plan se concluye que «sólo un 6,19% de los trabajadores contratados en el Plan de Empleo pueden considerarse reinsertados en el mercado laboral; los participantes en el Plan que no cotizaron ningún día a la Seguridad Social supuso el 38% de la muestra». Aun cuando la contratación de jóvenes menores de 30 años era una prioridad del Plan, «su participación fue minoritaria y su representatividad entre los cotizantes a la Seguridad Social escasa».

La práctica totalidad de las entidades locales participantes, según el Tribunal de Cuentas, «no llevaron a cabo una formación adecuada para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores» y señala que «los costes soportados por las entidades locales sufrieron desviaciones muy importantes respecto a las previsiones de financiación a causa de factores que se debieron tener en cuenta en la planificación de la ejecución de los proyectos».

RECOMENDACIONES


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En el Informe también se formulan recomendaciones dirigidas fundamentalmente a que las entidades locales participantes en futuros planes analicen adecuadamente de las necesidades del mercado laboral, los perfiles de las personas desempleadas y sus necesidades de formación con el objeto de planificar adecuadamente los proyectos a desarrollar y la formación a impartir para dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la población demandante de empleo.

Se les insta a definir adecuadamente los criterios de selección de los proyectos para identificar los objetivos a alcanzar y las tareas a desarrollar por los trabajadores contratados, y a tener en cuenta en la selección de proyectos de los planes de empleo, prioritariamente, su contribución a la obtención de competencias laborales por los beneficiarios que mejoren su empleabilidad futura.


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Por otra parte, se indica que las entidades locales participantes en planes de empleo eviten desarrollar proyectos para «reforzar los servicios municipales insuficientemente dotados, que deberían prestarse por los empleados municipales; también, que se establezcan mecanismos de seguimiento y control de la ejecución de los proyectos de planes de empleo que permitan evaluar el cumplimiento de sus objetivos».

Igualmente, se recomienda a las Diputaciones provinciales que coadyuven adecuadamente al estudio de las necesidades y la planificación de los proyectos, prestando apoyo a las entidades de menor dimensión y coordinando las actuaciones de todas las entidades participantes de su ámbito.

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