El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su disconformidad con el hecho de que la Fiscalía Provincial de Toledo haya pedido al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital regional el sobreseimiento de la causa que investiga si hubo prevaricación en la adjudicación del contrato de basuras de la capital toledana a la empresa Sufi, filial de Sacyr, al considerar que esta decisión es «más política que judicial» y ha lamentado que «en este país no haya separación de poderes».



Ha sido el portavoz del Gobierno castellano-manchego, Nacho Hernando, el que preguntado, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la presente semana, se ha pronunciado sobre el archivo de la investigación de esa supuesta «mordida» que el extesorero del partido Luis Bárcenas dijo fue a pagar gastos de la campaña electoral en Castilla-La Mancha de María Dolores de Cospedal en el año 2007.

«Es parte separada –del Caso Gürtel– pero es casi evidente que no hay separación de poderes en este país, al menos es esa es la conclusión a la que se llega. Sin haber ciertas declaraciones importantes se llega a una conclusión sin escuchar lo que tiene qué decir todo el mundo, incluso las partes más interesadas», ha criticado.

Y es que el Ejecutivo de Emiliano García-Page, según ha expresado su portavoz, considera que «no se ha ahondado en esta materia lo suficiente», pues «queda mucho investigación por delante para que el Estado, de manera unilateral, sin escuchar a todos los testigos y a todas las personas que están siendo investigadas», tome esa decisión, «sin poder llegar a conocer la verdad».



Dicho esto, ha agregado que si la decisión de archivar la causa la ha tomado la Fiscalía tiene un carácter «más político que judicial» porque no lo ha archivado un juez.



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