El Gobierno de Castilla-La Mancha va a abonar este viernes en las cuentas de los agricultores y ganaderos más de 7,2 millones de euros correspondientes a los pagos de la PAC de la campaña de 2018 para vacas nodrizas, vacuno de leche, derechos especiales de leche, vacuno de cebo, derechos especiales de carne y legumbres de calidad.

En cuanto a este último abono, por ejemplo, se destinarán a los 1.037 perceptores de vacuno de cebo más de 4,7 millones de euros, mientras que en el caso de las vacas nodrizas serán 1.448 beneficiarios, por importe de cerca de dos millones de euros, ha explicado en nota de prensa el Gobierno regional.


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«Con el de hoy, ya hemos pagado el 100 por cien de las ayudas de todas las líneas asociadas», ha destacado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en funciones de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Guijarro.

Y es que, en lo que va de campaña, ha afirmado Martínez Arroyo, se han abonado ya a los agricultores y ganaderos de la región cerca de 59 millones de euros de ayudas asociadas provenientes de los fondos europeos. En conjunto en la campaña de la PAC de 2018, Castilla-La Mancha, se superan en total, entre asociadas y desacopladas, los 640 millones de euros.


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Según ha explicado, son cifras muy importantes, dado que esas cuantías llegan a los bolsillos de los agricultores y ganaderos de la región, lo que propician que «sigan haciendo el papel tan extraordinario que realizan, por ejemplo, en su contribución a la conservación del medio ambiente».

Dicho esto, ha reiterado la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha, acordada esta legislatura con las organizaciones agrarias y cooperativas, ante la nueva reforma de esta política comunitaria, donde se apuesta porque se mantenga el mismo presupuesto que hasta el momento, sin reducciones.


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De igual modo, se aboga por que se tengan en cuenta diversos aspectos, tales como la necesidad de contar con un techo por explotación y que las ayudas que no se paguen a las grandes propiedades por encima de los 100.000 euros por hectárea, una vez descontados los costes laborales de la mano de obra, se utilicen para hacer pagos redistributivos a los pequeños y medianos profesionales, y apostar además por los jóvenes y las mujeres.

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