Salones Epilogo

El último debate general suscitado en el Convento de San Gil, sede del Parlamento castellano-manchego, se ha saldado con el enésimo desencuentro de la legislatura –y el segundo de la tarde– en materia de agua entre los tres partidos con representación –PP, PSOE y Podemos–, punto del orden del día que ha servido, con permiso de las cinco últimas preguntas orales al Gobierno, para abrochar este mandato.

Así ha quedado de manifiesto en la votación de las resoluciones debatidas tras una discusión relativa a la falta de regularización de pozos presentado por el Partido Popular, debate tras el que el PSOE presentaba una propuesta de resolución por la cual se instaba a la Junta a pedir al Ministerio que acceda a regularizar los pozos del Alto Guadiana, así como la creación de una bolsa pública de agua y su cesión al Gobierno autonómico.


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El PP, de su lado, pedía iniciar gestiones para revocar la decisión de desmantelar pozos a agricultores del Alto Guadiana, así como para resolver los más de 2.000 expedientes pendientes.

La abstención de Podemos en la resolución del PSOE, extremo sumado a la ausencia del diputado del PP Paco Núñez, ha provocado un empate a quince votos, por lo que se ha tenido que resolver este punto más adelante, tras las preguntas orales, según marca el Reglamento de las Cortes.


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En una tercera votación, los 15 votos en contra del PP, los 14 a favor del PSOE y la abstención de Podemos han dado como resultado el rechazo a la propuesta de los socialistas.

La propuesta del PP, por su parte, ha sido rechazada con la suma de votos de PSOE y Podemos.


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CRÍTICAS DEL PP

Por parte del PP, la diputada Lola Merino ha hecho un repaso desde 2015 hasta 2019 de los «anuncios» del Gobierno regional para resolver los 1.600 expedientes de pozos sin regularizar, y después de este periodo, ha afirmado, los agricultores han recibido una comunicación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que les dice que «tienen un plazo de diez días para proceder al precintado y al cierre de pozos» y, si no lo hacen, tienen que pagar una multa.


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«¿Tienen tanta maldad para cerrar un pozo a un agricultor? Han esperado 11 años a su respuesta. La respuesta no puede ser el cierre de un pozo. Es injusto y lo sabe, quitarle el agua es quitarle el sustento de su familia», ha aseverado Merino.

En esta línea, la diputada del PP ha afeado al Gobierno regional porque «pasará a la historia» por el ser el Ejecutivo que «ha permitido el cierre de pozos, criticando que en el último debate general de la legislatura lo vayan a cerrar «de la peor manera, robándoles agua a los agricultores».

PSOE Y PODEMOS


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De su lado, la diputada del PSOE Blanca Fernández ha abogado por una posición «política unánime» que represente los intereses de los agricultores de la cuenca alta del Guadiana, que se legalicen los pozos, que se dote de agua para poder hacerlo y que la Junta se ponga a disposición para gestionar de nuevo el organismo que proceda.

En este sentido, ha criticado que la política del PP en cuanto a la regularización de pozos ha sido «la nada», arrogándose «los méritos ajenos», y ha defendido que las demandas de los socialistas han sido siempre las mismas, cuando ha gobernado Mariano Rajoy o en la etapa de Pedro Sánchez.


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El diputado de Podemos David Llorente ha considerado que no «es cuestión» de aprobar más resoluciones en este ámbito, sino de que se cumplan las medidas anunciadas en cuanto a la regularización de pozos, porque es un problema que está «enquistado».

MARTÍNEZ ARROYO CIERRA EL DEBATE

Martínez Arroyo también ha tomado la palabra para cerrar el debate, y en su última intervención ha acusado a la ‘popular’ Lola Merino de «falta de conocimiento en la materia», como a su juicio ha demostrado al confundir conceptos como «nivel embalsable y caudales» en su discurso.



En cambio, considera que sí ha quedado demostrada «la capacidad del Gobierno para defender los intereses de los ciudadanos de la región».

«Dice el PP que es el partido del campo. A lo mejor es que alguno de ustedes tienen mucho campo. Pero el campo es una realidad muy distinta de la que se empeñan en demostrar», ha afeado el consejero.

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