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La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha señalado que el Gobierno regional comenzará el próximo mes el diseño y la tramitación de la auditoría general de residencias de mayores, que servirá de base al «modelo residencial avanzado» que pretende poner en marcha el Ejecutivo autonómico de cara a la salida de la crisis del coronavirus.

Además, Sánchez ha detallado que ya se han llevado a cabo 103 inspecciones en residencias de la Comunidad Autónoma y que también se pondrá en marcha un programa de atención psicosocial para trabajadores de los centros residenciales, residentes y familiares de cara a afrontar las «heridas emocionales» que hayan podido sufrir con motivo de la pandemia.


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Sánchez, que ha comparecido este jueves en las Cortes regionales para dar cuenta de su gestión durante la crisis causada por el COVID-19, ha incidido en que la pandemia ha quebrado el «bienestar» de la región, pero ha mostrado su «compromiso firme» de «sacar fuerzas de flaqueza» para restaurarlo en Castilla-La Mancha.

Con respecto a la auditoría general, la consejera ha detallado que será encargada a un «grupo de expertos» donde «necesariamente» deberá haber personas relacionadas con distintas materias, desde la social y la sanitaria a la económica e incluso arquitectónica, con el objetivo de «hacer una valoración exhaustiva» de los indicadores de la gestión residencial.



«Hay que tener en cuenta los cuidados de larga duración en las personas mayores y qué necesitan cuando pierden su autonomía para cualquier actividad de la vida diaria», ha manifestado, incidiendo en que esta auditoría va a ser «una oportunidad para desarrollar el auténtico modelo de atención centrada en la persona», teniendo en cuenta como «principios fundamentales» los derechos de los mayores.

Asimismo, ha señalado que también permitirá detectar todas las «dificultades» que haya podido haber en los centros residenciales durante la crisis «a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho», dificultades que, ha añadido, van a poder servir para desarrollar el sistema de dependencia.

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En cuanto al programa de intervención psicosocial, Aurelia Sánchez ha explicado que la idea es que los profesionales de los centros residenciales puedan «trabajar para reparar el daño emocional y las heridas que han podido dejar todas las secuelas de esta pandemia».

Para ello, la consejera ha apuntado que desde su Consejería van a pedir la «colaboración» del Tercer Sector, que cuenta con «especialistas en estas intervenciones» para «poder atender cualquier necesidad personal o emocional que pueda tener un familiar, un profesional o un residente» dentro de los centros castellanomanchegos, «fundamentalmente en residencias de mayores».


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En cuanto a las inspecciones que se están llevando a cabo en las residencias de la Comunidad Autónoma, la titular de Bienestar Social ha especificado que se han hecho «aproximadamente 103» y ha reiterado que el objetivo es que «se puedan inspeccionar el cien por cien» de los centros.

En este punto, ha detallado que la función fundamental de estas inspecciones es «el control en la calidad de la gestión», pero ha recalcado también que los inspectores han «ayudado y orientado» a los directores y el personal de los centros a mejorar esa gestión.

548 CONTRATACIONES EN RESIDENCIAS



En cuanto a las medidas que se han tomado durante la pandemia, la consejera de Bienestar Social ha destacado que se ha llevado a cabo 548 contrataciones para residencias de la región, de las que 120 se han producido en Albacete, 190 en Ciudad Real, 35 en Cuenca, 69 en Guadalajara y 134 en Toledo.

Además, se ha puesto en marcha una bolsa de trabajo con 4.813 personas para los centros privados y concertados «que están teniendo dificultades para contratar», centros que han enviado a esta bolsa casi 492 ofertas.


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De igual modo, ha puesto de manifiesto que profesionales de otras consejerías, «sobre todo de la de Educación», se han puesto a trabajar en los centros, así como profesionales de los centros de día, actualmente cerrados, que también se han incorporado a las residencias. En concreto, se han incorporado 153 trabajadores.

También ha apuntado que se han reforzado otros servicios que presta la Consejería, como el de teleasistencia, que ha llevado a cabo «más de 135.000 actuaciones» durante la pandemia, realizando un «plan de seguimiento intensivo» al «cien por cien» de sus usuarios, más de 53.000 personas.


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Asimismo, ha explicado que otros colectivos, como el de las personas con discapacidad, también han seguido siendo cuidadas y «han visto cómo se ha resuelto su convocatoria y están siendo atendidas la totalidad de las personas».

Igualmente ha citado el servicio de ayuda a domicilio que, según la consejera «no se ha dejado de prestar salvo excepciones, que una persona pudiera ser cuidada por sus familiares», y ha querido poner de relevancia el «esfuerzo inmenso» de ayuntamientos y profesionales para seguir cumpliendo con esta labor.

En cuanto a familia e infancia, ha recalcado que «se sigue atendiendo a las familias» ya que «siempre hay problemas», atención que se ha llevado a cabo de manera telemática. En este punto, ha mencionado que se han puesto a disposición de los profesionales un total de 154 dispositivos móviles para, especialmente en las zonas rurales, que cualquier vecino «pueda ponerse en contacto con su trabajador social»

14 MILLONES EN AYUDAS DE EMERGENCIA

De otro lado, la consejera ha recordado que se han puesto en marcha «ayudas de emergencia excepcional» por parte de la Administración Regional, un plan dotado de 14 millones de euros y dirigido a más de 13.000 personas, por lo que «se van a poder beneficiar 40.000 personas».

En este sentido, ha destacado que las inscripciones para estas ayudas ya «superan las 7.000», haciendo hincapié en que con ellas se está dando respuesta «a las necesidades vitales de muchas familias», además de que servirán como puente hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno nacional.

PARTIDOS POLÍTICOS

Por parte de los grupos políticos, la diputada de Cs, Úrsula López, ha pedido una «coordinación real y efectiva» entre el sistema sanitario y el residencial, asegurando que cada uno de los niveles «es tan frágil como sea el otro».

López ha reivindicado que su partido, en el pacto para la reconstrucción que negocia con el Ejecutivo castellanomanchego, ha conseguido, entre otras, medidas «tan necesarias» como la aplicación de las normas de calidad de la UE y la gestión integral de espacios, dotaciones y personas en los servicios residenciales, así como la obligatoriedad de incluir una formación para los trabajadores de residencias especializada y «centrada en la atención y el cuidado de mayores y personas con discapacidad».

Mientras, por parte del PP, el parlamentario Vicente Aroca ha lamentado que las residencias hayan estado «completamente abandonadas» durante la crisis por el COVID-19 y ha reiterado que los gobiernos nacional y autonómico «sabían perfectamente desde el mes de enero que nos deberíamos preparar para una expansión muy rápida y muy cruel de esta epidemia».

Aroca también ha querido traer «iniciativas propositivas» a la comisión, entre las que ha citado que «no se reduzcan los presupuestos actuales» en la materia y que se «ayude» a la red residencial.

Finalmente, el diputado socialista Pablo Camacho ha considerado que la situación de las residencias de Castilla-La Mancha es «similar a la de otras comunidades que están siendo especialmente golpeadas» por la crisis, pero ha puesto de manifiesto que la región «es una de las solo cinco que cumple con la ratio de cinco plazas por cada cien mayores de 65 años».

Del mismo modo, ha valorado el acuerdo al que han llegado PSOE y Cs para la reconstrucción de la región y ha lamentado que el PP «continúe sin incorporarse» al mismo.

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