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El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Ley de Ordenación Farmacéutica, que ahora tendrá que supervisar el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha antes de su tramitación definitiva en las Cortes regionales. El texto legal refuerza el papel de las farmacias rurales para garantizar la atención en los núcleos más despoblados de la región.


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En la presentación del texto, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha destacado que tras encontrarse con una situación de impagos a las farmacias hace tres años, “hoy tenemos una estabilidad envidiada en toda España. Nuestra comunidad es, junto a Asturias, la que mejor paga a los farmacéuticos”, ha reconocido.

Entre las modificaciones aprobadas ahora, que han contado con el consenso del sector, destaca el reconocimiento de forma explícita de las funciones en el seguimiento fármaco-terapéutico de los pacientes por parte de las oficinas de farmacia. “De esta forma las farmacias se podrán integrar de forma eficaz en los nuevos procedimientos que estamos desarrollando para mejorar la atención a los pacientes crónicos”, ha manifestado Echániz.


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Del mismo modo, se reconoce el servicio de preparación de sistemas personalizados de dosificación de medicamentos, adaptándolo especialmente para las personas mayores polimedicadas. El desarrollo de estas funciones permitirá al farmacéutico un papel más activo en el control de la medicación del paciente, el cumplimiento del tratamiento y el seguimiento de los efectos adversos.

Junto a ello, se amplían las funciones del farmacéutico adjunto, para permitir ampliar la oferta de servicios en función de la calificación de todos los profesionales de la farmacia, no sólo del titular.


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A juicio de Echániz, “de esta forma se facilita que el farmacéutico pueda realizar nuevas funciones que le permitan encontrar nuevas vías para desarrollar la asistencia farmacéutica, al tiempo que para garantizar su sostenibilidad. Hay que recalcar que en Castilla-La Mancha no se ha cerrado ninguna farmacia y esperamos que no se tenga que cerrar”. El objetivo es que quienes prestan un servicio esencial para la sociedad no tiren la toalla en los ámbitos menos rentables, dejando desatendidos los núcleos de población más aislados.

Además de estas modificaciones, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales ha anunciado que la ley contempla “la creación de una Comisión Regional de uso racional de los medicamentos”.

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