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El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves convalidar el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales y que ha quedado, por tanto, derogado.

En concreto, el texto ha sido tumbado por 193 votos en contra, frente a 156 síes, los que suman los dos partidos que integran el Gobierno, y el del diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, quien votó telemáticamente a última hora del miércoles pensando que el texto saldría adelante al aceptar la mayoría de grupos la propuesta que les hicieron llegar desde Hacienda durante la tarde.


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El Ministerio que dirige María Jesús Montero alcanzó apenas horas antes de la votación un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos que ha permitido el apoyo de los morados y sus confluencias.

ACUERDO ‘IN EXTREMIS’ CON UNIDAS PODEMOS

Ese acuerdo consistía en la creación de un fondo de 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social, unos fondos no condicionados que se distribuirían entre todos los ayuntamientos en función de la población.



Sin embargo, las formaciones que componen el Gobierno no han logrado sumar a ningún otro grupo. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo de coalición pierde la votación sobre la convalidación de un decreto ley.

De hecho, el único voto positivo ajeno a los partidos gubernamentales ha sido el de Guitarte, quien votó convencido de que había un acuerdo que finalmente no fraguó. Optó por el sí al comunicársele que había un pacto para liberar el 60% del fondo prometido y distribuir ese dinero entre los municipios sin condiciones, tuviera o no superávit, y evitando la controvertida cesión.


Según han informado a Europa Press fuentes próximas al diputado, de haber estado este jueves en el hemiciclo tras comprobar que ese pacto no había llegado a buen puerto, Guitarte hubiera optado por la abstención.

EL GOBIERNO NO PLANEA UN NUEVO DECRETO

Desde Unidas Podemos el diputado de En Comú Gerardo Pisarello ha emplazado al Gobierno a seguir negociando sobre la base del acuerdo alcanzado con su formación y también el resto de grupos ha urgido a Hacienda ha presentar un nuevo decreto ley para solucionar la situación de los ayuntamientos.


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Sin embargo, la ministra de Hacienda, tras negar que la derogación suponga «un desgaste» para el Gobierno, ha dejado claro que es la oposición la que tiene ahora la «responsabilidad» de presentar una alternativa al decreto decaído, dando a entender que el Ejecutivo no tiene en sus planes presentar un nuevo texto.

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