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La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado este lunes que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura está prevista para el próximo 3 de abril y en ella, según «parámetros definidos», se analizarán las existencias en cabecera y se podrá determinar un nuevo trasvase.

Tejerina se ha pronunciado en estos términos en el desayuno-coloquio ‘Políticas de agua y cambio climático: Una oportunidad para el futuro’, organizado en Alicante por Bankia, la Universidad de Alicante y diario Información en la Institución Ferial Alicantina (IFA).


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A preguntas de los asistentes sobre la situación del Tajo-Segura, sin aportaciones desde mayo de 2017, García Tejerina ha señalado que se cumplirá con el Memorándum que «está reglado», de manera que en base a los datos de la cabecera, registrados cada primer día de mes, se analizan las existencias. Con esos datos, la Comisión Técnica y «con parámetros definidos» valorará la situación el día 3 de abril.


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Además, ha recordado que se establecen caudales ecológicos, fijados para las demandas propias de cada río, aunque en situaciones «excepcionales» de sequía se permiten «márgenes», desde los que reasignar los recursos desde el año 2007.

En relación al funcionamiento del trasvase, García Tejerina ha insistido en que se otorgaron unas normas de funcionamiento «objetivas y transparentes», que se siguen y que impiden «arbitrariedades». La ministra ha defendido que se trata de un compromiso alcanzado entre las cinco comunidades autónomas afectadas.

TRASVASE DEL EBRO

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García Tejerina ha afirmado que el trasvase Tajo-Segura se trata de un infraestructura que «nunca se culminó» y que la experiencia dice que se debe contar con los votos en el Parlamento y lograr que el «de enfrente esté de acuerdo».

Ha apuntado que son infraestructuras que requieren de «un período de tiempo de muy largo de ejecución» y que exigen «permanencia». Así, ha subrayado que cualquier transferencia de más de cinco hectómetros cúbicos, debe estar respaldada por una ley, pero que debe contarse con un consenso que permita su «durabilidad en el largo plazo si se quiere infraestructura materializada».

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