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El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que, transcurridos dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto de prescripción enfermera, nueve comunidades autónomas siguen aún sin acreditar a sus enfermeros para poder vacunar de la gripe, a pesar de que la regulación necesaria «se hace en poco más de un día y ocupa tres folios».

Una vez iniciada la campaña de vacunación de la gripe en los diferentes servicios de salud, Satse ha constatado que los enfermeros de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, así como en Ceuta y Melilla, siguen sin contar aún con el respaldo legal necesario para que, una vez acreditadas, puedan indicar y usar medicamentos con todas las garantías y seguridad jurídica.



«Es absolutamente incomprensible, y muy criticable, que habiendo tenido dos años para simplemente reflejar en una regulación autonómica lo que establece el Real Decreto de prescripción enfermera no lo hayan hecho. Hablamos de prácticamente copiar un texto en un documento de tres folios, ni más ni menos», apuntan desde la organización sindical en un comunicado.

Satse subraya que, en el caso de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha Extremadura y La Rioja se cuenta, al menos, con un borrador de la regulación, no así en Galicia, Castilla y León, Madrid y Ceuta y Melilla. En el caso de Murcia, hay un compromiso expreso de su presidente de hacer realidad esta acreditación en un corto plazo de tiempo.



Según el sindicato, lo que ocurre es que estas consejerías de Sanidad «no tienen ningún interés en priorizar el cumplimiento de la normativa vigente aunque ello cause perjuicio en la atención sanitaria y cuidados a millones de ciudadanos». «Se trata de una tramitación normativa que, en definitiva, lo que conlleva es un claro y necesario avance para el desarrollo de la profesión, así como la mejora de la agilidad y calidad en la atención que ofrecen los enfermeros», añaden.

La organización sindical incide en que este año la campaña de vacunación de la gripe coincide con la segunda oleada de COVID-19, lo que supone «una situación especialmente difícil que requiere que no haya ninguna barrera u obstáculo burocrático o administrativo que empeore las cosas, no solo durante la campaña de la gripe sino cuando se tenga que producir la del COVID-19».

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Satse considera «especialmente grave» el caso de la Comunidad de Madrid por la «difícil situación» que está atravesando por la expansión del coronavirus y la «nula capacidad de respuesta y reacción» de su presidenta y el consejero de Sanidad para resolver un problema que «puede verse agravado sustancialmente ante la aparición de la gripe y el periodo de vacunación previo que requieren y necesitan los ciudadanos».

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