Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la publicación de los datos del INE sobre el IPC del mes de enero, denuncia el mantenimiento de los altos precios de la alimentación durante la pandemia.

Unión de Uniones destaca que los precios de los alimentos sin elaboración en el mes de enero muestran un incremento de 2,5 puntos respecto al año pasado, lo que implica una diferencia más de cuatro veces superior respecto al índice general, que muestra un incremento de 0,6 puntos.



Por su parte, los alimentos elaborados se sitúan en 0,8 puntos por encima del año pasado. Estos datos, que coinciden con la tercera ola de la pandemia, constatan la tendencia alcista de los precios de la alimentación desde que se decretase el estado de alarma y que llegaron a situarse en el mes de abril en valores cercanos a los 7 puntos en el caso de los alimentos no elaborados.

Canarias (2,9 puntos), Galicia (2,7 puntos) y País Vasco (2,6 puntos) fueron las CCAA con los precios de los alimentos no elaborados más altos en 2020 respecto a las cotizaciones del año anterior (datos de diciembre).



Por el contrario, la organización destaca que solo en La Rioja y Murcia los precios de los alimentos no elaborados se mantuvieron por debajo de la tendencia del IPC general regional. Unión de Uniones considera que debe ponerse coto de una vez a la especulación en los mercados agroalimentarios para así proteger tanto a los consumidores como a los productores, que son los dos eslabones más débiles de la cadena agroalimentaria y evitar que sigan incrementando sus beneficios incluso en las circunstancias más adversas para los ciudadanos y en situación de crisis para la agricultura y la ganadería.

En este sentido la organización considera que la ley sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria debe incluir, entre otras cuestiones, la definición de posición de dominio y la reventa a pérdidas. En estos momentos está abierto el periodo de enmiendas para dicho proyecto de Ley y Unión de Uniones está manteniendo sendas reuniones con los grupos parlamentarios con el objetivo de abordar estas cuestiones y asegurar que haya un reparto justo de valor “de la granja a la mesa” real.



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