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CSIF de Castilla-La Mancha se congratula de que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, anuncie que pedirá al PSOE y Podemos la retirada de la enmienda que presentaron al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y que el sindicato pidió hace días ser retirada de inmediato.


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CSIF rechaza en nota de prensa las afirmaciones del consejero sobre que dicha enmienda ha generado “confusión” y que ha habido “mucha demagogia” así como “que el objetivo de la enmienda es que quien ejerza una actividad pública no vea perjudicada su carrera profesional cuando vuelve a su actividad normal”.

El sindicato recuerda al consejero que los empleados públicos de la región vienen sufriendo desde 2012 la denominada “Tasa Cospedal”, única de España y que les resta un 3% mensual de su salario, sin que nadie de acuerde de su posible cobro retroactivo para que los empleados públicos recuperen lo que se les ha ido quitando mes a mes.


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CSIF reclama al consejero Ruiz Molina explicaciones completas y suficientes sobre el porqué de esta “polémica” enmienda, que estaba previsto ser votada el próximo viernes en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes castellano-manchegas.

CSIF calificó de “desvergüenza política” la presentación, por PSOE y Podemos, de enmiendas de modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, anunciando que, de no hacerlo, tendrían su “total enfrentamiento y movilización contra esta fechoría veraniega, que viene a incrementar los privilegios de la casta frente a los ciudadanos de a pie y que se ha hecho al margen de la Mesa General, lo que demuestra su desprecio a la legítima representatividad de los trabajadores”.


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Para CSIF, la enmienda que presentan estos “socios” de gobierno, modificaría la Ley 4/2011 de Empleo Público para dar carrera profesional, mediante la consolidación del grado personal más alto de su grupo, a todos los funcionarios que sean nombrados altos cargos de la Junta, alcaldes con dedicación exclusiva, presidente de diputación, diputados, senadores, directores generales o gerentes de empresa públicas, etc.

Además, añade que su aplicación tendría carácter retroactivo, desde la creación de la Junta para los altos cargos autonómicos y desde que entró en vigor la Ley 7/2007, del 12 de abril, para el resto.

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