La presidenta de  Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal,  ha afirmado que el convenio firmado hoy por la directora del  Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, María Teresa Novillo, y el  presidente del Consejo de la Abogacía de la región, José Luis Vallejo,   supone “un paso muy importante para conseguir la mejor atención posible a las mujeres víctimas de malos tratos, desde el punto de vista jurídico y procesal”.20130130-cospedal_preside_la_firma_del_convenio_de_colaboracion2

En este sentido, Cospedal ha señalado que “los colegios de abogados y los magníficos profesionales del derecho que tenemos en nuestra región” son los más adecuados para poder prestar esta defensa.


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Asimismo, en su intervención ante los medios de comunicación, la presidenta ha destacado que con la aplicación de este  convenio, cuya dotación económica por parte de la  Junta de Comunidades asciende a 250.000 euros, “se garantiza que las mujeres que son víctimas de malos tratos tengan una asistencia jurídica y procesal integral desde el primer momento en que requieren la presencia de un abogado, que esta asistencia sea las 24 horas del día, y que se sientan acompañadas por profesionales que están perfectamente capacitados para prestar sus servicios porque han recibido una formación específica en materia de defensa contra la violencia de género”.

Asimismo,  en virtud de este acuerdo, se evita la duplicidad de asistencias que se estaba produciendo con anterioridad, ya que se prestaba una asistencia inicial por parte de algunas entidades privadas, cuyo coste ascendía a más de 700.000 euros al año, y también una defensa procesal a través del turno de oficio.


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Colaboración en beneficio de la sociedad

Cospedal ha agradecido al Consejo General de la Abogacía de Castilla-La Mancha la colaboración que van a prestar a la sociedad y ha destacado la necesidad de que “todos aquellos que tenemos responsabilidades en determinadas materias trabajemos juntos, aunemos nuestros esfuerzos y pongamos a disposición de la sociedad nuestras capacidades intelectuales, profesionales, económicas y también de servicios públicos, en este caso de la Junta de Comunidades”.


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Por ello, a su juicio, esta firma representa  “un ejemplo perfecto de unión en beneficio de todos y de aquellos que peor lo pasan”.

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