La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha presidido el acto de constitución de la Comisión de Trabajo de Políticas de Empleo, la cual, según ha explicado, finalizará en mayo tras varias reuniones en enero y marzo.
En esta primera ocasión, la consejera se ha reunido con representantes de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, de CCOO y UGT; y de Federación de Municipios y Provincias de la región, tal y como ha explicado en declaraciones a los medios.
Las líneas de actuación de esta primera reunión, según ha manifestado la consejera, girarán en torno a cinco puntos principales que pasarán por un primer diagnóstico sobre empleo en la región, un análisis sobre el Plan Extraordinario y Urgente por el Empleo, el análisis del Plan Regional por el Autoempleo, ayudas a la contratación e intermediación laboral.
Además, tal y como ha manifestado Franco, estas líneas de actuación conllevan una metodología que pretende «fijar objetivos, medidas, recursos y un cronograma en el tiempo que permita implementar todas estas medidas».
Después de esta reunión, se llevarán a cabo una nueva en la tercera semana de enero para poner en común los puntos expresados en esta reunión y una siguiente en el mes de marzo en la que «consensuar las líneas de empleo de esta mesa de trabajo que se elevará al órgano coordinador para poder presentar un pacto consensuado por todos a mediados del mes de mayo», según ha manifestado la consejera de Empleo.
En esta línea, ha explicado que «la situación de Castilla-La Mancha es muy complicada y la crisis se ha cebado en la región, pero solo podremos salir de ella trabajando todos juntos unidos». En este sentido, ha expresado que «no es casual» que esta primera reunión tenga como eje central el empleo, pues «no hay empleo sin recuperación económica, ni recuperación económica sin empleo».
Tal y como ha expresado Franco, la participación de ayuntamientos en el Plan de Empleo va por 456, un 47 por ciento de los municipios totales de la región, a falta de que se cierre el plazo de inscripción el 27 de noviembre. Así, Franco ha realizado un llamamiento para que se adhieran a este plan «todos los ayuntamientos y que no haya discriminación por el partido al que se represente».
Así, en la parte de contratación joven, se han presentado 56 iniciativas de contratación, 30 de formación y aprendizaje, 16 contrato puente y el resto en contratación indefinida.
El Pacto para la Recuperación Económica, que el pasado 6 de octubre fue suscrito por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, establece tres bloques que son la recuperación económica en la región, la recuperación social y la reforma institucional y el diálogo social, con lo que se pretende «impulsar el tejido empresarial y económico de la región», según ha manifestado la consejera.
DECLARACIONES DE REPRESENTANTES SINDICALES
En la presentación de esta reunión han participado la secretaria general de Empleo de CCOO, Lola Santillana; el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa; el secretario regional de Cecam, Félix Peinado; y el secretario de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas.
De este modo, Pedrosa ha pedido que se sumen a este Plan «todas las administraciones, especialmente aquellas gobernadas por un partido que ha olvidado las políticas de empleo, el PP», y ha apostado por «recuperar empleo público en sanidad, educación o bienestar social»
Por su parte, Santillana ha afirmado que se ponga a las personas desempleadas «en el centro y se las dignifique». De este modo, Peinado ha explicado que quieren, mejorar de la capacitación del empleo, al tiempo que Mañas ha expresado que «todo lo que suponga que las personas que quieren trabajar encuentren un trabajo es bueno».
UNA DEUDA DE MÁS 600 MILLONES
Preguntada por la información publicada en el diario La Tribuna, de la que se desprende que «el Partido Popular ha dejado una deuda de 612 millones de euros al abandonar el gobierno en la región», Franco ha respondido, a preguntas de los medios, que en su consejería «sí hay deuda».
Además, ha afirmado, «no se negoció con empresas para llegar a soluciones amistosas», con lo cual, a día de hoy tienen «elevadas cargas judiciales de recursos y facturas sin pagar».
