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miércoles, 27 marzo

El Consejo de Gobierno aprueba la delimitación de las zonas de la región en las que se implantarán Inversiones Territoriales Integradas

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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, en su reunión de este martes, la delimitación de las zonas de la región con necesidades específicas de desarrollo en las que se implementarán Inversiones Territoriales Integradas.

En el caso de Guadalajara, la ITI integrará casi toda la provincia, excepto el área de influencia del Corredor del Henares; la provincia de Cuenca en su conjunto; la Sierra de Alcaraz y la Sierra del Segura en la provincia de Albacete; Talavera de la Reina y las comarcas aledañas en la provincia de Toledo; y las comarcas de Almadén y el Campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real.

Así lo avanzó hoy el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, en Cogolludo (Guadalajara) donde mantuvo un encuentro con unos 80 alcaldes y concejales de la Sierra Norte de Guadalajara para informarles sobre este procedimiento.

Las actuaciones de Inversión Territorial Integrada permiten un uso más flexible de los fondos europeos que tiene asignados el Gobierno de Castilla-La Mancha, que se plantea también solicitar financiación al Gobierno de España con el objetivo de incrementar las posibilidades de actuación en estas comarcas.

En el caso de esta provincia serán unos 250 municipios los que se integren en la ITI que en su conjunto no llegan a sumar 40.000 habitantes, lo que indica que el despoblamiento es el principal problema de estas zonas. Un problema “estructural” que, a juicio del vicepresidente, “lastra la generación de actividad económica y la creación de empleo y esto, a su vez, hace difícil fijar población”.

Para tratar de poner remedio a este proceso de despoblamiento, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se trabaja para generar instrumentos que permitan la financiación de cualquier actividad empresarial que se quiera ubicar en estas zonas y que, por tanto, permita la creación de empleo.

A ello se suma, tal y como subrayó Martínez Guijarro, la prestación de servicios básicos, “garantizando la educación, la sanidad y los servicios sociales, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir quedarse en estas zonas o, incluso, plantearse volver”.

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