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jueves, 28 marzo

Castilla-La Mancha se dota de un protocolo para proteger a empleados de agresiones en la Administración del Eetado

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El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, junto con los presidentes de las juntas de personal, han firmado el Protocolo de Actuación en casos de agresiones a empleados públicos de los servicios periféricos de la Administración General del Estado (AGE) en la comunidad autónoma. Este protocolo tendrá carácter subsidiario para aquellos centros de trabajo que ya dispongan de un protocolo similar.

En nota de prensa, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha explicado que, junto con los diferentes órganos de representación de los empleados públicos de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha, (juntas de personal y comités de empresa de las cinco provincias) han considerado la conveniencia de disponer de un protocolo de actuación frente a aquellos casos en los que se haya producido algún tipo de agresión de carácter física o psíquica en el ejercicio de sus funciones.

El protocolo suscrito contempla la elaboración de un informe del responsable del centro donde se produjera la agresión a la dirección del organismo correspondiente y posterior remisión a la Subdelegación del Gobierno correspondiente.

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El informe se elaborará dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores a la agresión, por escrito y recogerá una descripción de los hechos junto a cualquier dato que pueda completar la información sobre los mismos: denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, informe médico si existiera, datos de posibles testigos, reincidencia de los hechos y cualquier otro extremo de interés.

La dirección del organismo remitiría a la Secretaria General de la Subdelegación del Gobierno correspondiente, en el plazo máximo de dos días desde que se produjo la agresión, el informe del responsable de la unidad junto a cualquier otro tipo de datos adicionales que pudieran haberse recabado.

En caso de que la agresión se produjera entre empleados públicos, o bien, entre estos y personal de empresas privadas que trabajen en las oficinas públicas, como guardas de seguridad, personal de limpieza o similares, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia en el informe, indicando las personas intervinientes y demás datos de interés.

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