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Martinez Arroyo

Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma en priorizar a los jóvenes “con menos renta” en el acceso a las Ayudas de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo durante la presentación de las Bases, que se aprobaron ayer durante el Consejo de Gobierno, de la Orden de Incorporación de Jóvenes y Planes de Mejora de Castilla-La Mancha. Unas ayudas muy esperadas y que supondrán una inversión de 22’8 millones de euros para jóvenes y 15’1 millones de euros para la Modernización de Instalaciones Agrarias y Ganaderas, “para inversiones de amueblamiento en las parcelas”. En total, el Gobierno regional va a aumentar en 30 millones de euros esta línea que pasará de 61 a 91 millones de euros, con la modificación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) hasta 2020, “lo que demuestra el compromiso claro del Gobierno regional con los jóvenes, con los agricultores profesionales y con la visibilidad de las mujeres en el medio rural”, en palabras del consejero.


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Martínez Arroyo ha señalado que la convocatoria de Incorporación de Jóvenes 2016 va a estar dotada con 22’8 millones de euros. Una cifra que ha comparado con la última convocatoria que se produjo en Castilla-La Mancha, “para que vean el orden de su magnitud, la convocatoria anterior de 2014 tuvo una dotación de 10 millones de euros; supone, por tanto, un incremento muy importante con el objetivo de que todos los jóvenes que se quieran incorporar al sector agrario, lo hagan con una ayuda del Programa de Desarrollo Rural (PDR)”.

El titular de Agricultura ha manifestado que estas nuevas bases vienen a ayudar con fondos públicos –aclarando que “siempre y por definición son escasos”- a aquellos que más los necesitan y que, en este caso son “los jóvenes que tienen dificultad para acceder a la tierra y que es el principal obstáculo para incorporarse a la agricultura”. Por tanto, ha reiterado “cambiamos el criterio de acceso a las ayudas priorizando a aquellos que menor renta tienen, respecto a lo que sucedía en Castilla-La Mancha y en el resto de comunidades autónomas”. “Esto supone un cambio muy significativo en la forma de afrontar la incorporación de los jóvenes y las inversiones en el sector agrario de Castilla-La Mancha”, ha añadido.


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Jóvenes Agricultores

El proceso de instalación se iniciará en el momento en el que el joven comience a realizar actuaciones que conduzcan precisamente a dicha instalación. En este sentido, el joven deberá adjuntar a la solicitud de ayuda, no solo la documentación relativa al Plan Empresarial, sino aquella que justifique el interés mostrado por este en el proceso de instalación que certifique de esta manera el inicio del referido proceso, dándose por finalizado aquel cuando la explotación agraria sea inscrita en el registro de explotaciones prioritarias, inscripción que no se llevará a cabo mientras no se realice el último pago, se haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos y el interesado haya ejecutado en su integridad el Plan Empresarial.


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La cantidad básica de la prima es de 27.000 euros. Este importe será incrementado, si crean puestos de trabajo hasta los 48.000 euros. En los siguientes casos: 10.000 euros si la instalación genera una UTA o más de empleo adicional, además de la mano de obra aportada por el joven agricultor, manteniéndose la misma , al menos, durante un año. Otros 10.000 euros adicionales si las inversiones previstas en el Plan Empresarial contribuyen a un uso sostenible y eficiente de los recursos naturales y a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, sobre todo en los ámbitos del agua y la energía, y la inversión financiable supera los 36.000 euros. Y, en los casos en los que la incorporación se realice en una entidad asociativa, la inversión deberá ser realizada por esta sociedad, con 1.000 euros si las incorporaciones incluyen la participación en programas de I + D + i.

Se estima que el periodo medio de ejecución del Plan Empresarial será de 30 meses desde la aprobación de la ayuda hasta su completa ejecución, alcanzándose en los casos más desfavorables hasta una duración de 4 años (inversiones en infraestructuras, fundamentalmente de riego).

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