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Castilla-La Mancha ha incrementado en 317 el número de personas dependientes que reciben una prestación, según los datos del mes de septiembre extraídos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).


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La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales valora muy positivamente estos datos facilitados por el IMSERSO, que vienen a reflejar la gestión rigurosa y profesional que se está llevando a cabo en materia de dependencia en Castilla-La Mancha.

Se ha logrado reducir en más de 6.200 el número de personas dependientes que esperan recibir un servicio, de una lista de espera que en julio de 2011 superaba las 9.000 personas. Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que más ha crecido en el reconocimiento de los servicios profesionales de atención a la dependencia, que garantizan que las prestaciones se dedican íntegramente en las personas dependientes, protegiendo y salvaguardando su bienestar.


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Por primera vez desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, en Castilla-La Mancha hay más personas disfrutando de servicios profesionales frente a las prestaciones económicas, que la ley contempla como excepcionales.

Ley de Garantía de las Personas con Discapacidad


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El compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con las personas dependientes se va a ver plasmado en la Ley de Garantías de las Personas con Discapacidad, una de las más importantes de esta legislatura, y que se va a aprobar en próximas fechas. Este texto que ha contado con el consenso de todas las organizaciones que integran el sector de la Discapacidad, a través del CERMI.

Esta ley va a suponer un paso muy importante para favorecer el futuro de las personas con discapacidad, ya que contempla los principios de inclusión e integración, fundamentales para que tengan el mejor futuro posible, garantizándoles los mismos derechos y la igualdad de oportunidades.


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Este texto legislativo sitúa a Castilla-La Mancha en la vanguardia de la protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad. La norma hace un reconocimiento jurídico expreso de estas personas como titulares de derechos, al tiempo que eleva a la categoría de derecho su participación en la solución de todo lo que les afecta.

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