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La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha agradecido el «esfuerzo» que han realizado PSOE, PP y Ciudadanos para aprobar el Proyecto de Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, una norma que «avanza hacia la cohesión y el bien común, generosidad y solidaridad para construir bienestar en Castilla-La Mancha».

«Gracias por la actitud y el espíritu negociador que ha primado en la Comisión de Bienestar Social», ha celebrado la consejera este jueves durante su intervención en el pleno de las Cortes, donde se debate esta ley.


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«Hoy es un día importante para Castilla-La Mancha porque la Ley del Tercer Sector Social va a ser aprobada por unanimidad», ha aplaudido la consejera, quien ha agradecido a los tres grupos parlamentarios su «corresponsabilidad». «Sois un ejemplo de consenso para toda la ciudadanía», ha sentenciado.

También ha agradecido a los profesionales y a las entidades sociales y, particularmente, a las del tercer sector por su compromiso social. «Hoy estamos de enhorabuena toda la sociedad castellanomanchega porque hemos avanzado en cohesión social y en derechos sociales».


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Ha trasladado a los diputados presentes la certeza de que la del tercer sector social es una ley «inclusiva» en la que «todos y todas» han colaborado para incorporar sus propuestas y hacer un texto de consenso sin olvidar a las familias y el tejido asociativo.

«Espero que compartan el acierto de conseguir la unanimidad en una ley social, que tiene como objetivo fundamental mejorar la vida de nuestra gente y sobre todo de aquella más vulnerable», ha dicho.


La consejera, asimismo, ha recordado que el tercer sector en Castilla-La Mancha lo componen 5.200 entidades, que atienden a más de 400.000 personas de forma directa y a un millón de forma indirecta.

El tercer sector cuenta aproximadamente con 6.400 personas contratadas de forma directa y, además, forma parte de «ese motor de riqueza económica y social y que crea empleo en la Comunidad».


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La financiación media anual que proviene de la Administración regional y que está destinada a todas las iniciativas que desarrolla el tercer sector dentro de las competencias de esta ley asciende a 300 millones de euros.

AGRADECIMIENTO DE LOS GRUPOS

El diputado del PSOE y ponente del dictamen de la ley, Pablo Camacho, ha aplaudido y agradecido la colaboración de todos los grupos para alcanzar el consenso parlamentario en torno a un texto que pretende definir el tercer sector identificando al conjunto de entidades que lo integran y determinar diferentes medidas, convencido de que «los ciudadanos esperan que sepamos ponernos de acuerdo en asuntos importantes y sin duda esta ley lo es».


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Camacho ha explicado que gracias a las reuniones y contactos que se han producido durante toda esta semana y que «finalizaron anoche de forma satisfactoria», se han aprobado cinco enmiendas transaccionales a las enmiendas de Cs y otras tres del PP, grupo del que también se ha recogido favorablemente una de sus enmiendas.

Desde Ciudadanos, la parlamentaria Úrsula López se ha felicitado igualmente del consenso alcanzado en torno a una ley que era «necesaria» para «introducir estabilidad y normas de juego claras» en el tercer sector, valorando que se hayan recogido aspectos solicitados por la formación naranja como «la soledad no deseada», y otros como la discriminación por razón de orientación sexual o la necesidad de trabajar por el desempleo femenino.



López ha pedido, además, una financiación «adecuada y previsible» que permita a las entidades del tercer sector que puedan seguir haciendo su trabajo «de una forma mejor».

El diputado del Partido Popular Vicente Aroca, como sus predecesores, ha valorado tanto el trabajo de las entidades y el esfuerzo de los beneficiarios del tercer sector, como el esfuerzo «constructivo» realizado por los grupos pese a que el consenso y el acuerdo «no fue posible en primera instancia».


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Aroca, que ha avanzado la retirada de tres de las enmiendas de su grupo y ha repasado aspectos introducidos por el PP en el texto como la pobreza o el plazo para el desarrollo del nuevo concierto social, ha incidido en el «especial interés» de los ‘populares’ en esta ley, en torno a la cual «ha merecido la pena» acercar posturas, fundamentalmente por el bien de las entidades del tercer sector.

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