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El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley en la que muestra su rechazo a la elaboración del brandy con alcoholes «más baratos» que no procedan del vino, propuesta realizada por algunos representantes del productores de esta bebida con la que se pretende modificar la normativa europea.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la Comisión de Agricultura en el Congreso, Alejandro Alonso, que ha explicado que el brandy es una bebida espirituosa que se fabrica con productos del vino, y esta propuesta del «lobby del sector industrial que elabora el brandy» quiere que esta bebida se elabore con alcoholes procedentes de cereales o de melaza «mucho más baratos» que el vino.alonso


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Alonso ha indicado que los productores «pretenden abaratar la historia del brandy a costa de sacrificar el sector del viñedo», por lo que con esta iniciativa parlamentaria los socialistas quieren expresar su rechazo en el Congreso a la propuesta de estos elaboradores para que se mezclen distintos alcoholes para elaborar brandy.

El texto de la iniciativa mantiene que «algunos representantes del sector de elaboradores de brandy pretenden que coexistan brandys elaborados con uva al cien por cien, aunque abriendo la mano que hasta el 50 por ciento de los mismos puede proceder de destilados vitivinícolas (orujos o lías), ahora prohibidos para la elaboración de brandy, con los mezclados de otros aguardientes procedentes de melazas, cereales u otros derivados y que todos ellos lleven el nombre de brandy».


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Asimismo, la propuesta de los socialistas considera que esta modificación «es inaceptable» porque puede causar daño al sector vitivinícola y añaden que «el brandy es y debe ser un producto elaborado exclusivamente con vino y los que se obtengan a partir de destilados no pueden ser identificados en su etiquetado como tal».

El texto indica que las razones que ofrecen los productores para justificar su propuesta como es «bajar el precio del brandy para poder competir más eficazmente con otras bebidas espirituosas, no son asumibles y no deben ser aceptadas».


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Alonso ha advertido que si esta norma europea se modificara en favor de los productores, en Casilla-La Mancha se podrían «arrancar cerca de 100.000 hectáreas de viñedo», y se podría poner en peligro la producción de vino en la región, que supone el 90 por ciento del volumen estatal.

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Por este motivo, han exigido un «pronunciamiento claro y taxativo y una oposición frontal» por parte del Gobierno central y de Castilla-La Mancha a la posible aprobación de esta norma. «Espero que el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha aprueben la propuesta que estamos haciendo», ha afirmado Alonso.

Al mismo tiempo, ha indicado que «mosquea y escama» que ni el Ejecutivo central ni el autonómico hayan dicho nada todavía y ha calificado de «indignante su posición de silencio sobre esta medida» por lo que ha pedido «su pronunciamiento inmediato».


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Además, ha indicado que esta iniciativa se debe trasladar a las Cortes regionales, a los ayuntamientos y a los diputaciones de la región.

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