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Este martes se ha firmado un acuerdo de colaboración para la mejora de la atención a la discapacidad entre el CERMI, la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con el que se da estabilidad al movimiento asociativo de la discapacidad en relación al convenio laboral a nivel nacional que establece unos incrementos de costes laborales próximos al 10%, que se añaden a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

La titular de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha señalado que, cada día, «más de dos mil profesionales trabajan para atender a las más de diez mil personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. En la región existen más de 250 recursos para ello y, en esta última legislatura, más de 200 profesionales se han podido incorporar para llevar a cabo esta tarea.


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Según ha informado la Junta en un comunicado, Sánchez ha marcado como retos dos desarrollos normativos: por un lado, la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad y, por otro, la Ley de Acceso al Entorno de las Personas con Discapacidad.

El protocolo se basa en tres aspectos fundamentales: mejorar el modelo de atención a la discapacidad, crear nuevos recursos para dar respuesta a las nuevas necesidades y no olvidar a los profesionales, «que ponen mucho de su persona y de su buen hacer para conseguir los objetivos que tenemos previstos para las personas con discapacidad».


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El Gobierno de Castilla-La Mancha atiende diariamente a más de 10.000 personas con discapacidad en los diferentes dispositivos especializados de atención: centros ocupacionales, servicios de capacitación, centros de día, viviendas tuteladas, residencias, centros para discapacidad grave o centros de atención temprana. Para ello destina 1,9 millones de euros al día al Estado del Bienestar, Sanidad, Educación y Bienestar Social.

EN SINTONÍA CON LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que este acuerdo está en sintonía con la política presupuestaria que ha defendido el presidente regional, Emiliano García-Page –ausente del acto debido a una afonía– en el sentido de que favorece la cohesión social, es sostenible y mejora la competitividad en este ámbito.


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Dentro de las competencias de Hacienda y Administraciones Públicas, Ruiz Molina ha destacado las actuaciones que se van a llevar a cabo en el ámbito de la discapacidad, entre las que ha resaltado blindar con rango de ley la reserva a centros especiales de empleo de un 10 por ciento de la contratación pública.

Además, también se modificará la Ley de acceso a la función pública para que los temarios y las pruebas puedan estar adaptados a las personas con discapacidad intelectual y, en ese momento, se convocarán las 37 plazas de Administración General reservadas a personas con discapacidad intelectual que se aprobaron en las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018.


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Con las nuevas competencias que asume la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en materia de nuevas tecnologías y administración digital, Ruiz Molina ha anunciado la intención de potenciar el trabajo que hacen las personas con discapacidad intelectual en la digitalización de documentos en el archivo regional.

Por su parte, la presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha recordado cómo García-Page terminó el discurso de su toma de posesión asegurando que quería ser «más presidente de las personas con discapacidad que del resto», una aseveración que le llegó a «emocionar», ha reconocido.

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