El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al anteproyecto de ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma y al Proyecto de Ley de Protección a la Infancia, dos textos legislativos con previsión de que entren en vigor en el próximo periodo de sesiones como dos de las últimas normas de esta legislatura y para las que el Ejecutivo autonómico confía en recabar la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para rematar el mandato.

En rueda de prensa, en primer lugar era el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien daba cuenta de las novedades de la ley de Coordinación de Policías Locales, que pretende eliminar el requisito de estatura mínima para los aspirantes; y eleva a cuatro el número mínimo de agentes que tendrán que operar en un municipio que quiera contar con este cuerpo en el caso de que no se trate de prestación conjunta del servicio con otra localidad.

El objetivo de la norma es «adaptar la normativa a la realidad actual» con un reto final que es «conseguir una Policía Local más moderna, profesionalizada y adaptada a las necesidades de la ciudadanía».

«Una norma que afecta a 2.100 policías en 176 municipios de la región dando cobertura al 80 % de la población», ha señalado Ruiz Molina, quien ha apuntado que el 10 % de agentes son mujeres, una cantidad que espera que vaya al alza.

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NOVEDADES

La modificación de la norma contempla en cuatro el número mínimo de efectivos que deberá tener un cuerpo, a no ser que se asocie con otros municipios, donde no se exigirá ese mínimo.

En cuanto a la movilidad de los agentes, aquellos policías que quieran participar en concurso de traslados deberán llevar al menos tres años de servicio en el cuerpo al que pertenece, obligando además a los municipios que quieran incorporar agentes por la vía de concursos de movilidad a haber convocado un número de plazas nuevas igual o superior.

El tiempo destinado a participar en comisiones de servicio se fija en 30 días al año; y en el caso de mujeres policía en gestación o lactancia, se contemplan avances como limitar el uso de utensilios o sustancias perjudiciales para la madre o el feto; además de que se podrán eliminar turnos de noche y se adaptará la uniformidad a las circunstancias.

El texto nuevo permitirá, además, que agentes jubilados puedan utilizar el uniforme oficial en actos solemnes; y aumenta de uno a cuatro la representación del cuerpo en la Comisión de Coordinación, ya que al representante marcado por la FEMP se sumarán agentes que representes a municipios de menos de 10.000 habitantes; de entre 10.000 y 50.000 habitantes; y de más de 50.000 habitantes.

LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

De otro lado, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García, ha hablado de la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia de la región, que nace con el objetivo de «prevenir, proteger y acompañar» a los menores.

Una norma que va para «familias vulnerables con dificultad para criar a sus hijos» poniendo el foco en programas de apoyo a las familias, actualizando procedimientos para atender a situaciones de riesgo «apostando por atención íntegra en hogares y centros residenciales».

El derecho de disfrutar de una infancia saludable con igualdad de oportunidades es «la esencia de una ley» que quiere garantizar los derechos de Infancia y Adolescencia, para lo cual «es importante dar a conocer los derechos de los menores» a ellos mismos y al resto de la ciudad.

Una crianza que gire en torno a la «parentalidad positiva» y apoyar a menores en situaciones de riesgo son algunos de los mimbres de este texto.

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«Es de justicia que todos los menores tengan cubiertas sus necesidades, con la ley brindamos ese apoyo para conseguirlo», ha indicado.

Se trabajará también en el apoyo de los menores tutelados una vez cumplan los 18 años; incorpora derechos y deberes de familias acogedoras; se garantiza la preparación para la vida adulta; y se abre la posibilidad de una adopción abierta, manteniendo el contacto con la familia biológica del menor adoptado.

Derecho a vivienda digna, alimentación adecuada o expresión de género son extremos recogidos en esta norma, que en materia de protección «garantiza el trabajo con las familias» para promover el retorno del menor a su núcleo familiar.

Incidirá la norma en perseguir la igualdad de género, respetando la igualdad de trato en los centros públicos, así como la realidad sexual de los menores.

«Una ley que se marcó como compromiso del Gobierno de García-Page, pero que además es de justicia», ha señalado Bárbara García, quien ha añadido que los beneficiarios son «niños, adolescentes y jóvenes de hasta 24 años que han estado protegidos por el marco regional».

Desde el Ejecutivo regional han sido 12.105 niños los atendidos en 24 programas de atención con familias y a través de 70 hogares, 5 pisos de preparación o 515 familias acogedoras, también con siete centros socioeducativos para jóvenes.

Una ley que se basa en la prevención y «se adapta a los momentos actuales», prestando atención a la influencia de las nuevas tecnologías para velar por el control de adicciones, acosos o ciberacosos.

«Promueve la igualdad de oportunidades, intenta garantizar y tener cubiertas todas las necesidades, además de prevenir todos los riesgos que se puedan tener en las edades más tempranas», ha indicado García.

EL 20 DE NOVIEMBRE, A DEBATE

García Torijano ha informado de que el próximo día 20 de noviembre, con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, el Espacio TYCE de Guadalajara capital acogerá un acto para exponer esta norma a la sociedad.

A través de actividades lúdicas y formativas que también darán protagonismo a los más pequeños, el Gobierno pretende en este acto institucional acercar el texto a toda la ciudadanía, según ha explicado la consejera.




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