El sector del porcino llevará a cabo movilizaciones y emprenderá acciones jurídicas contra la moratoria para no dar permisos a la instalación de macrogranjas de porcino hasta 2025, que se debate este jueves las Cortes de Castilla-La Mancha, si la cámara autonómica aprueba la aplicación de esta medida.

Ante la posibilidad de que se apruebe esta medida, que lleva al pleno el grupo socialista en las Cortes regionales incluida en el proyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrativas, y sobre la que PP y Cs se abstuvieron en la Comisión de Economía y Presupuestos, el sector va a iniciar acciones inmediatas, porque considera que la moratoria no está justificada y pone en riesgo el futuro de la ganadería porcina.

En una rueda de prensa que han dado este miércoles en Toledo, el secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el director general de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, han mantenido que la moratoria no tiene sentido, ya que las granjas intensivas de la región cumplen toda la normativa relativa a este tipo de explotaciones.

Fresneda ha asegurado que las granjas intensivas de porcino garantizan la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la conservación del medio ambiente, mientras que Higuera, ha destacado que se cumple las limitaciones en el tamaño de estas explotaciones, así como la distancia que tiene que haber entre granjas y núcleos urbanos y entre las explotaciones, que es de un kilómetro, la mayor de toda la Unión Europea.

Además, han subrayado que se hace un control exhaustivo de las explotaciones porque es un sector muy regulado, que cumple las normas que fija la Unión Europea en materias como emisiones o deyecciones, y permite mantener un equilibrio que propicia la economía circular.

El sector entiende que la moratoria está totalmente injustificada por numerosas razones, por lo que en Toledo se han reunido este miércoles representantes de ganaderos, fábricas de pienso, organizaciones agrarias, empresas de gestión de purines, agricultores productores de cereales e industrias cárnicas, para analizar la estrategia que van a seguir, que va a incluir «actuaciones contundentes», ha avanzado Fresneda.

El secretario regional de Asaja ha dicho que no solo es el porcino, sino que consideran que lo que está en juego «es el modelo de sociedad» que empieza con este ataque a las explotaciones intensivas de porcino, que ha negado que sean «macrogranjas», además de que se traslada a la sociedad «un mensaje de inseguridad jurídica terrible».

Ha aseverado que el trasfondo es el de «un modelo de hacer política que atenta contra el tejido productivo» y que, según Fresneda, «nos condena a ser un país dependiente del subsidio», en el que «todo el mundo esté sometido a una subvención para comer, para que no seamos libres».

En este contexto, ha criticado las «mentiras» que se están diciendo en relación a las explotaciones ganaderas en medios de comunicación «que tienen subvenciones importantes» del Estado y ha cuestionado las líneas editoriales que «mienten a la ciudadanía».

No obstante, Freneda ha confiado en que pueda evitarse la aplicación de la moratoria, ya que espera que haya un movimiento por parte de la Administración autonómica «para sentarnos a negociar», porque según ha dicho quienes defienden su aplicación «no tienen ningún argumento, solo contentar a cuatro alcaldes».

En este sentido, y a preguntas de los periodistas, ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, «que gobierne y no se deje llevar por intereses políticos para mantener alcaldías» y ha extendido esta sugerencia al resto de formaciones políticas, porque según ha comentado «a ver que partido no tiene algún alcalde que le ha dicho no quiero las macrogranjas».

Por su parte, Higuera ha explicado que será la primera moratoria de este tipo que se va a establecer en España y ha criticado que el Gobierno regional no haya hablado de ella con el sector, como se está haciendo en otras autonomías como Castilla y León o Aragón, donde se están aplicando normativas específicas y de están llevando a cabo trabajos específicos para adaptar la realidad del sector en determinadas zonas. 

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