El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real decreto-Ley de apoyo al sector agrario frente a la «prolongada» sequía en el que participan seis ministerios y que incluye cinco bloques de medidas urgentes de carácter fiscal, laboral, financiero e hidráulico, entre las que destaca la rebaja del 20 por ciento del IRPF a los agricultores, ayudas económicas y líneas de crédito.

El Real Decreto-ley se ha aprobado a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el periodo del año hidrológico la reducción de precipitaciones con carácter general se ha situado en torno a un 40 por ciento respecto a las series históricas y en el Guadalquivir y el Guadiana se sitúa en torno al 60 por ciento.

«Es una reducción muy significativa», ha destacado Planas, que ha explicado que el real decreto ley incorpora cinco bloques que constituyen un «paquete potente» de medidas de respuesta para tratar de recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas y cuya estimación de impacto se sitúa en unos 450 millones de euros. El ministro ha comparado la situación con el periodo de sequía que tuvo lugar entre 1991 y 1995 ya que en este caso la situación de sequía «estructura» afecta tanto de secano como de regadío.

Si bien da la bienvenida a las lluvias que está dejando ‘Celia’ como las que puedan llegar, admite que no pueden corregir el déficit estructural y por ello justifica que, igual que se hizo en 2005, 2011 y 2017, el Gobierno toma medidas.

En concreto, ha indicado que los agricultores y ganaderos podrán acceder a una reducción del 20 por ciento en los módulos del IRPF y acceder a líneas de créditos ventajosas, aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social y se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio.

Además, el paquete de medidas fija un precio del agua desalada para 2022, un recurso clave para paliar la falta de recursos hídricos convencionales en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana.

Al mismo tiempo, durante 2021 las explotaciones agrarias han tenido que afrontar un incremento de los constes de producción, debido al encarecimiento de los precios de las materias primas y de la energía.

En concreto, en materia laboral y de Seguridad Social incluye medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %, siete veces inferior al habitual.

En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.

ANDALUCÍA Y EXTREMADURA, LAS MÁS AFECTADAS

Asimismo, se reduce el número mínimo de jornadas reales cotizadas, que pasan de 35 a 20 par poder acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, que son los dos territorios más afectados, ya que las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana apenas alcanzan el 30 por ciento.

Igualmente, se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria.

De ese modo, los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa, o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o bien cuando, tras esas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, podrán tener la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a efectos de la protección por desempleo siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso.

Por otro lado, se incluyen medidas de carácter fiscal como la reducción del 20 por ciento del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos).

El Gobierno calcula que esa medida beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros. Al mismo tiempo, se aprueba la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.

Por otro lado, se incorporan medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones. En concreto, se pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector.

2,7 MILLONES DE EUROS DE FINANCIACIÓN

Por otro lado, en relación con la financiación de avales en explotaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) podrá poner a disposición de los operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Por otro lado, a la mayor brevedad se acordará que el seguro agrario pueda acometer ampliaciones de crédito precisas a fin de que se pueda dar respuesta al incremento en la contratación producida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados y el Gobierno solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC).

Respecto al agua desalada, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha definido unas «tarifas asumibles» para los usuarios de regadío para el agua desalada en las Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM) y en las conducciones que deben salvar mediante elevaciones una gran diferencia de cota entre origen del recurso y demanda de destino.

De ese modo, se limitará el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 €/m3, en toma de riego y con el coste del agua en la Conducción Júcar-Vinalopó, donde se fijan precios de 0,295 euros por metro cúbico en toma postrasvase. La fijación de estos precios máximos permitirá a los usuarios asumir los costes del recurso.

Finalmente, el Real Decreto ley incluye medidas para reducir los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana, que serán de aplicación a determinadas unidades territoriales de escasez (UTES).

En concreto, destaca la reducción de entre el 50 y el 100 por ciento de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua o la puesta en marcha de obras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir con una inversión estimada de 9,65 millones de euros.




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