Casi el 50 por ciento de las estaciones de servicio de Castilla-La Mancha -unas 1.500- han cobrado el anticipo del Gobierno central para aplicar el descuento del 20 por ciento en el precio del combustible, pero lo consideran insuficiente porque esta cantidad no sirve para cubrir todo el mes de abril. Además, han alertado de que en Semana Santa los problemas se pueden multiplicar exponencialmente ante la previsión de que los ciudadanos puedan desplazarse más y demandar más cantidad de carburante para sus vehículos.

Entre los acuerdos figura su petición para que el Gobierno central elabore una guía común para aplicar la medida, presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que la recoge y solicitar que el funcionamiento se rija por el cobro del anticipo y no por liquidaciones a mes vencido.

«El descuento no sabemos cómo realizarlo, no queda claro, por más que intentamos que el Gobierno nos dé repuesta, no nos da repuestas. Por eso, le hemos pedido una guía para tontos, para torpes, a ver si somos capaces de aclararnos nosotros, para hacer las cosas bien», ha afirmado.

Otro acuerdo es trasladar a la asociación nacional que plantee un recurso de inconstitucionalidad del decreto, puesto que «es un abuso de poder, es arbitrario». Se trata, a juicio de Madruga, de «una medida mal pensada, que da una inseguridad jurídica tremenda a quien tiene que aplicar el descuento».

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La tercera de las peticiones se basa en que la asociación nacional inste al Gobierno a que no se opere con liquidaciones a mes vencido para que se pueda materializar el importe del anticipo, sino que se produzcan anticipos «que se cobren de forma puntual» y más tarde se ajustarán «posibles desequilibrios que haya». «Si se hace con anticipos no hay problemas con el empresario, si es con liquidaciones vamos a sanciones», ha afirmado el secretario general de Fedeto.

«Si usted no quiere bajar impuestos, olvídese de las liquidaciones y practique anticipos cada uno de estos meses, es la única manera que estas gasolineras puedan ser viables, para mantener costes y no perder, ya no hablo de ganar», ha lamentado.

HASTA 2.000 EUROS DEL BOLSILLO DE LAS GASOLINERAS

En este punto, Manuel Madruga ha puntualizado que las estaciones de servicio «están poniendo de su bolsillo entre 1.500 y 2.000 euros de tesorería», lo que supone «financiar esta política económica del Gobierno», cuando muchas de ellas se pueden ver abocadas a tener que cerrar si aplican el descuento «tal y como el Estado quiere».

A su modo de ver, el problema se resolvería vía impuestos, bajando el IVA fundamentalmente, ya que es algo «totalmente automático», porque lo que no ve lógico es que «cuanto más suben los precios y más trabajan gasolineras, el Estado más recauda».

Además, ha querido dejar claro que de las cerca de 1.500 gasolineras que existen en la región, no sufren lo mismo aquellas que están abanderadas por una gran petrolera, que las independientes y las regentadas por autónomos o pymes, que están completamente «solas».

Haciendo una estimación aproximada, Manuel Madruga ha señalado que una gasolinera pequeña necesita un mínimo de 30.000 euros para afrontar mes a mes «lo que se le viene encima», con lo que conlleva abonar cisternas y las nóminas para el resto de trabajadores, a lo que se suma asumir de su bolsillo este anticipo. «Es de un intervencionismo brutal, nos obliga a hacer una labor para lo que el Gobierno no está preparado».

Finalmente, ha pedido al Gobierno central que se siente con el sector, que aporte soluciones cuando las estaciones de servicio lo están reclamando, porque por el momento solo han vivido un «monólogo», una comunicación en la que no ha habido «feedback».




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