El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han presentado este lunes un convenio de colaboración por el cual la Comunidad Autónoma recibirá 9 millones de euros para la contratación de 57 profesionales que acompañen a mil beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de cara a conseguir un empleo.

Se trata, según ha explicado el ministro, de un proyecto «innovador» dentro del Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha hace más de un año y medio y que «ya llega a 12.000 hogares en la región y a 30.000 personas», después de haber dado «un empuje y sostenimiento de la prestación».

Todo con el objetivo último de conseguir que los beneficiarios avancen y dejen atrás la exclusión social, ya que «hay que trabajar con procedimientos individualizados».

Un proyecto piloto «bien dotado» con 9 millones para los próximos dos años, algo que se hará «con mucho cuidado» con cargo a fondos europeos de cara a elevarlo a nivel nacional para «tener la mejor percepción de qué puede funcionar bien» antes de «escalar a más beneficiarios en España».

«No tengo duda de que si lo hacemos con el rigor necesario podremos tener resultados que nos ayuden a entender cómo conseguimos que los más vulnerables y los que están en exclusión social puedan salir de ella. Les tenemos que empujar con una prestación, pero también con itinerarios personalizados para que se haga de la mejor forma», ha abundado.

UNA POLÍTICA QUE «SIGNIFICA MUCHO»

El presidente regional ha indicado en la comparecencia que políticas como estas «significan mucho y son importantes», ya que «en una sociedad poliédrica y cambiante, hay que adaptar la normativa para gastar lo mejor posible».

Con este tipo de ayudas, ha recordado, «ha habido de todo», pero para García-Page «es importante que cualquier ingreso vital para garantizar lo elemental lo sea, sobre todo, con el propósito de la empleabilidad e inserción», algo que «en muchos casos no será fácil».

Serán 9 millones en los próximos dos años que traerán 57 profesionales contratados para garantizar que se atiende a las necesidades específicas de los beneficiarios. «Se trata de aplicar una norma muy compleja con tacto, con sensibilidad».

Este es un planteamiento que, haciéndose en Toledo en modo piloto, será una «prueba experimental» que afronta la Junta. «Es para nosotros una tarea importante que asumimos para fijar un itinerario de acompañamiento de todas las personas beneficiarias de esta renta hacia la vida laboral», de forma que sea un «intermedio» para conseguir un empleo digno, ha aseverado García-Page.

Será para acompañar a los beneficiarios dentro de un nuevo proceso que pasa por la contratación de especialistas para allanar el camino a mil beneficiarios, en una estrategia que seguirá adelante para que sea fructífero.

«Cuando se abren nuevas dinámicas hay que hacer un esfuerzo de prueba, de análisis. Me parece una experiencia saludable porque pone de manifiesto que la experiencia es muy buena, pero hay que tener eficacia a la hora de aplicar las leyes», ha abundado.




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