Los vecinos del barrio de San Juan y los residentes del entorno del Parque Urbano Martínez de Tomelloso arrastran consigo una demanda histórica: el problema de la okupación ilegal. Por ello, desde el Partido Popular han decidido presentar una moción en el próximo Pleno del Ayuntamiento, que se celebrará este mismo lunes.

En dicha moción, se recogen varias ideas, como la creación de una oficina de defensa de los derechos de los afectados por la okupación ilegal, con el objetivo de ofrecerles asesoramiento jurídico gratuito tanto a los vecinos como a las comunidades de propietarios que no sepan cómo actuar ante esta situación.

En segundo lugar, la habilitación de un teléfono las 24 horas del día y un correo electrónico para facilitar las denuncias anónimas de los vecinos. A esto habría que añadir la prohibición del acceso a ayudas municipales a aquellos que se hayan visto involucrados en estas acciones ilegales.

Otras de las ideas propuestas son incentivar fiscalmente a quienes cedan al Ayuntamiento una vivienda de su propiedad para el alquiler social, adquirir viviendas regladas a raíz de ser okupadas con el fin de realizar planes de rehabilitación urbana, así como vigilar el cumplimiento de las normativas de seguridad, salubridad y habitabilidad. Por último, la moción también propone instar al gobierno a traminar las proposiciones oportunas para reformar el delito de usurpación del Código Penal.

El Ayuntamiento no reacciona

El portavoz de la formación, Javier Navarro Muelas, ha querido denunciar que se trata de una situación que viven los vecinos sin que el Ayuntamiento haga nada. Asimismo, Navarro asegura que cuando se han presentado estas cuestiones a Pleno, el concejal de Policía Local, Francisco José Barato, negaba que existiera ninguna situación que atajar y le acusaba de crear alarmismo.

«A Barato no le basta ni le preocupa la presencia de los vecinos y las cámaras de televisión», ha dicho, en referencia a las manifestaciones que han realizado los propios vecinos afectados en la Plaza de España, «sigue pensando que con aumentar puntualmente la presencia policial es suficiente», ha añadido.

Por su parte, Navarro ha puesto en valor la labor de la policía local y la guardia civil, pero considera que esta medida es insuficiente para poner fin al aumento de okupaciones ilegales que, en muchas ocasiones, tienen detrás a mafias que aprovechan para hacer negocios.

Todo ello, por no hablar de los episodios de violencia que sumen a los vecinos en un ambiente de inseguridad. «La inviolabilidad de la vivienda es un derecho, pero no puede ser usada por quien no tiene derecho a permenecer en la misma», ha expresado Navarro.

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