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miércoles, 25 septiembre
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El CGPJ acuerda dos nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia de C-LM

En el caso de la Audiencia Nacional contempla cuatro nombramientos

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado 1.025 nombramientos para cubrir las plazas de magistrados suplentes y jueces sustitutos correspondientes al año judicial 2021-2022 en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales y los Juzgados.

En el caso de la Audiencia Nacional contempla cuatro nombramientos: dos magistrados suplentes para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y uno para la Sala de lo Social, y un juez sustituto para los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

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En el caso de los Tribunales Superiores de Justicia acuerda un total de 53 designaciones: siete para Andalucía; uno para Aragón; dos para Asturias; cinco para Islas Baleares; cuatro para Canarias; seis para Castilla y León; dos para Castilla-La Mancha; dos para Cataluña; ocho para la Comunidad Valenciana; uno para Extremadura; seis para Galicia; dos para la Comunidad de Madrid; dos para la Región de Murcia; dos para Navarra; dos para el País Vasco; y uno para La Rioja.

En uno de los acuerdos, también se publican los 151 candidatos nombrados para cubrir plazas en las Audiencias Provinciales y los 817 elegidos para reforzar los Juzgados.

PERÍODO 2021-2022

Los candidatos nombrados para plaza de magistrados suplentes tomarán posesión ante la respectiva Sala de Gobierno, mientras que los candidatos para jueces sustitutos lo harán ante el Juzgado Decano. Todos ellos prestarán juramento o promesa antes de incorporarse a su plaza. Se entenderá que renuncian al cargo quienes no compareciesen dentro de los plazos establecidos y sin haber alegado justa causa.

Según se precisa en los acuerdos publicados, los nombramientos tendrán efecto entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022. El CGPJ avisa que se podrá interponer recurso contra la decisión de la Comisión Permanente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en un plazo de dos meses.

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