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sábado, 20 abril

C-LM convoca ayudas de 275.000 euros para asociaciones de protección de derechos de las personas consumidoras

José Luis Escudero ha indicado que se trata de un nuevo ejemplo del compromiso de la actual Administración regional con las asociaciones de las personas consumidoras que "fueron denostadas en la legislatura del Partido Popular"

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha dado a conocer, en el Consejo Regional de Consumo celebrado este miércoles, el paquete de ayudas por importe de 275.000 euros con el que el Ejecutivo autonómico va a potenciar el trabajo y las actividades de las asociaciones de personas consumidoras de la región, además de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos en materia de consumo responsable.

José Luis Escudero ha indicado que se trata de un nuevo ejemplo del compromiso de la actual Administración regional con las asociaciones de las personas consumidoras que «fueron denostadas en la legislatura del Partido Popular y que con la llegada de García-Page a la Presidencia de la Junta de Comunidades, no solamente se han recuperado, sino que se han ido incrementado anualmente las ayudas que perciben para realizar su trabajo en defensa de los derechos de los consumidores, lo que está permitiendo consolidar y fortalecer el movimiento asociativo en materia de consumo y sentar las bases para su desarrollo futuro», ha informado la Junta en nota de prensa.

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En el caso de estas asociaciones, las ayudas que se han convocado y se pueden solicitar hasta el día 27 de julio, tienen una cuantía total de 150.000 euros y están destinadas a su gestión ordinaria y al desarrollo de actividades en materia de consumo. Entre las actuaciones subvencionables están los gastos derivados de la atención presencial o la gestión de nuevos puntos de atención telepresenciales que radicarán en municipios de escasa población evitando a sus vecinos gastos y pérdidas de tiempo por desplazamientos.

También se incluye la recuperación del servicio telefónico de llamada gratuita, conocido como ‘teléfono del consumidor’ que facilitará la información a las personas consumidoras de manera sencilla e inmediata; o iniciativas y proyectos para el seguimiento de la evolución de los precios de productos básicos que conformarán el observatorio de precios.

Igualmente hay otro tipo de actividades habituales como son la realización de campañas informativas y divulgativas; la organización de actividades formativas y educativas; la edición de soportes informativos y publicaciones, preferentemente, en formato digital; las acciones de defensa jurídica y representación de sus personas asociadas; o la aplicación de herramientas tecnológicas para la información y la comunicación, especialmente a través de sus páginas web.

CONVOCATORIA NOVEDOSA EN ESPAÑA

El titular de Desarrollo Sostenible ha dado cuenta también de la publicación de las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de consumo responsable destinadas a entidades sin ánimo de lucro. «Se trata de una convocatoria pionera en España con la que cumplimos el compromiso del Gobierno regional con la sostenibilidad a través del consumo responsable y cuya convocatoria se publicará a lo largo de este verano», ha subrayado.

«Vamos a apoyar las iniciativas que la ciudadanía a través de sus organizaciones nos propone, contribuyendo a preservar los recursos a la vez que conservamos nuestro medioambiente sin tener que renunciar a una mejor calidad de vida», ha remarcado.

La cantidad destinada a dicha convocatoria de subvenciones será de 125.000 euros, pudiendo acceder a la misma cualquier entidad sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha que esté interesada en promover el consumo responsable y sostenible en el ámbito de su actividad cotidiana.

Entre los proyectos e iniciativas de consumo responsable subvencionables, las que se encuadran en el marco de la creación y promoción de grupos de consumo responsable; las que impulsen el consumo de productos locales, de calidad, agroecológicos y de estación; la promoción de una alimentación sostenible y saludable y de soberanía alimentaria; proyectos que eviten el desperdicio alimentario y apuesten por el aprovechamiento de excedentes alimentarios; la reutilización y reciclaje de residuos en el ámbito de consumo; o la promoción de los huertos urbanos y los huertos escolares, además de potenciar los hábitos de compra responsable y consciente, y el comercio justo, entre otros.

MEDIDAS PARA EVITAR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

Escudero ha hecho estas declaraciones durante la celebración del Consejo Regional de Consumo, que ha presidido acompañado del director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, y en el que han participado representantes del resto de consejerías del Gobierno regional, asociaciones de consumidores y usuarios de Castilla-La Mancha, CECAM, representantes de los sindicatos de clase, la FEMP de Castilla-La Mancha, una comisión de Desarrollo Sostenible de las Cortes regionales, y representantes del CERMI y la Cámara de Comercio.

Entre los diferentes asuntos que se han dado a conocer a los participantes, Escudero ha informado del desarrollo del Decreto por el que se promueven medidas para evitar el desperdicio alimentario y se facilita la redistribución de alimentos en Castilla-La Mancha. las empresas de inserción», ha indicado. En la región, según ha dicho el consejero, se estima que se desperdician 60.000 toneladas de alimento al año en los hogares, una media de 76 kilos por familia.

Además, ha especificado que «se encuentra en participación pública hasta el 8 de agosto» y ha adelantado que «se han introducido dos modificaciones importantes a propuesta de empresas de economía social y entidades sociales de la región. Se trata, en primer lugar, de la redistribución alimentaria, que quedará regulada para que pueda generar nuevos nichos de mercado, así como la creación de puestos de trabajo a través de

En segundo lugar, el decreto contiene además un anexo, también a petición de las entidades que vienen trabajando en la prevención del desperdicio alimentario, en el cual se establecen los criterios a tener en cuenta en la contratación pública en materia de prevención del desperdicio alimentario y redistribución de alimentos en la región.

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