Después de que los ministros de Agricultura europeos confirmaran ayer el acuerdo de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) ASAJA Castilla-La Mancha ha manifestado su rechazo ante una reforma que antepone los criterios medioambientalistas por encima del sistema productivo, lo que pondrá en riesgo la renta de los propios agricultores y ganaderos.

La organización agraria ha explicado que, aunque ni Europa ni España hayan sido capaces de realizar una evaluación del impacto que supondrá esta reforma, hay informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que demuestran una pérdida de rentabilidad de las explotaciones europeas y de competitividad con los países con los que Europa establece acuerdos comerciales.

A pesar de ello, ASAJA CLM ha señalado que tenemos margen hasta el 31 de diciembre de este año, fecha en la que los Estados miembro deberán presentar sus planes estratégicos, para trabajar por una PAC justa para la región y confía en que, para la aplicación en España, el Gobierno no imponga más medidas coercitivas que las que dicte Bruselas.

Además, la organización agraria ha insistido en que está en manos del Gobierno nacional y autonómico que se haga justicia con Castilla-La Mancha ya que, en las anteriores reformas, salió perjudicada con respecto a otras regiones.

Para ello, es necesario que la convergencia interna, que ha sido fijada por Europa en un mínimo del 85% para 2026, se aplique en España en un 100% y con el menor número posible de regiones productivas, tal y como ya han ido haciendo otros países como Francia o Bélgica, para evitar discriminaciones entre los productores del mismo país. Sin embargo, hasta donde conoce ASAJA CLM por los documentos del Ministerio de Agricultura, España baraja disminuir el número de regiones de 50 a 18, lo que respondería a otros intereses y supondría una verdadera injusticia para Castilla-La Mancha.

En relación a las limitaciones ambientales, lo que considera muy importante ASAJA CLM es la forma en que desarrolle el Ministerio los ecoesquemas. El acuerdo contempla que el 25 % de las ayudas directas se destinarán a estos ecoesquemas, prácticas agrícolas y ganaderas que proporcionen beneficios climáticos y medioambientales. La organización agraria insiste en que se tienen que hacer de manera que los agricultores y ganaderos puedan cumplirlos para poder llegar a percibir ese 25% de las ayudas. De lo contrario, cientos de explotaciones no podrán subsistir.

No obstante, ha valorado la flexibilidad que se concede a los Estados para que los fondos destinados a ecoesquemas que no sean utilizados en un año concreto no se pierdan y puedan ser trasladados a otras medidas durante los primeros años.

Por último, en relación a la condicionalidad social, ASAJA CLM ha pedido a España que no ponga más obstáculos a la agricultura y la ganadería española. Esta novedad supone que las infracciones de la normativa laboral tendrán consecuencias en la percepción de pagos. Sin embargo, la organización agraria ha explicado que en España ya existe una normativa nacional específica para ello, por lo que no es necesario poner más trabas cuya única consecuencia será aumentar la burocracia y las inspecciones demorando el cobro de las ayudas.

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