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miércoles, 27 marzo

La Junta garantiza que no hay vino de la región vinculado a la red que fabricaba y vendía productos adulterados

Esta red ya se encuentra desarticulada y la Interprofesional del Vino de España cree que la caída de la red es una "buena" noticia que ofrece mayor garantía a los consumidores

La Interprofesional del Vino de España cree que la caída de esta red es una «buena» noticia que ofrece mayor garantía a los consumidores.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha mandado este jueves un mensaje tranquilizador y ha asegurado que «ningún vino de Castilla-La Mancha» se ha visto implicado en la operación de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil que ha permitido desarticular una organización dedicada a la fabricación y comercialización de mosto, vino y alcoholes adulterados en la región.

Preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar las actividades incluidas en el proyecto de divulgación, información y promoción del vino con la Interprofesional del Vino sobre este asunto concreto, ha insistido en que «en ninguna botella que aparezca la palabra Castilla-La Mancha hay vino vinculado a esta operación», lo que cual da absoluta garantía a los consumidores de los caldos y productos de la región.

El consejero, que tras apelar a la presunción de inocencia ha asegurado «que quién la hace la paga», ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en un plan de control de la trazabilidad, para él «prioritario» desde que en 2015 asumiera la responsabilidad que ostenta, en virtud del cual se han aumentado «enormemente los controles al sector vitivinícola».

«Venimos trabajando con la Guardia Civil y el Estado en este y otros procedimientos que afectan al sector del vino en Castilla-La Mancha», ha proseguido el titular regional de Agricultura, para quien este tipo de operaciones «ponen de manifiesto que la inmensa mayoría del sector cumple y que la administración hace su papel, funciona y ayuda a sector vitivinícola».

De ahí que haya querido mandar un mensaje de apoyo «a todos que lo hacen bien que son la inmensa mayoría, a todos viticultores, bodegas y cooperativas que tienen de su lado al Gobierno de Castilla-La Mancha, que hace lo posible por que aquellos que hacen las cosas bien, que son la inmensa mayoría puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados nacionales e internacionales».

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Dicho esto, el responsable regional de Agricultura, luego de recordar que el vino de la comunidad ha aumentado en un 25 por ciento sus ventas en la distribución alimentaria durante los meses de abril y mayo, «los más duros de la crisis sanitaria», ha defendido que la castellanomanchega es la primera región en exportación. «Somos líderes en todo, somos la bodega del mundo en todos los sentidos y vamos a seguir siéndolo», ha aseverado Martínez Arroyo.

De su lado, el presidente de la Interprofesional del Vino de España, Alejandro García Gasco, ha añadido que la desarticulación de este grupo delictivo no es una «mala» sino una «buena» noticia, pues evidencia la trazabilidad de los productos agroalimentarios, al tiempo que ofrece mayor garantía a los consumidores.

OPERACIÓN

La operación denominada ‘Isolu’, que arrancó en septiembre de 2018 de la manos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, efectivos de Policía Judicial y Seprona de Guardia Civil en Ciudad Real, ha permitido desarticular en Castilla-La Mancha una organización dedicada a la fabricación y comercialización de mosto, vino y alcoholes adulterados.

En el marco de las actuaciones se ha procedido a la detención de los dos presuntos cabecillas de la trama, junto con cuatro colaboradores, así como a la imputación de otros 27 miembros, por los delitos de organización criminal, relativos al mercado y a los consumidores, contrabando, falsedad contable y documental, estafa y blanqueo de capitales. Los investigadores estiman en más de 78 millones el fraude cometido por esta red, cantidad que medida en términos de importaciones y exportaciones fraudulentas llega en 97 millones de euros.

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