La Federación de Empresarios de Estaciones de Servicios de CLM, de los sindicatos CCOO-Industria y FICA-UGT y los representantes de los consumidores y de las personas con discapacidad se movilizarán conjuntamente para promover el endurecimiento del régimen de sanciones contra las gasolineras que incumplen la obligación legal de contar al menos con un empleado.
La creciente proliferación de “gasolineras desatendidas” ha provocado la “alianza” de los representantes de todos los sectores afectados, que hoy se han reunido en la sede de la patronal toledana FEDETO para acordar las acciones a emprender para defender la legalidad, la competencia en igualdad de condiciones, el empleo y los derechos de los consumidores y de las personas discapacitadas.
Por un lado, pondrán en marcha una campaña de sensibilización, con elaboración de folletos informativos y su difusión a los usuarios desde las propias gasolineras que sí disponen de personal. Y, por otro lado, se reunirán con la administración y con los grupos parlamentarios de las Cortes de CLM para proponerles una modificación del Estatuto del Consumidor endureciendo el régimen sancionador para que las multas a los incumplidores resulten realmente disuasorias.
El presidente de la Federación de Empresarios de Estaciones de Servicios, Alberto Domínguez, ha explicado que Castilla-La Mancha fue pionera en la regulación de los derechos de los consumidores en el servicio de suministro al por menor de carburantes y combustible de automoción en instalaciones de venta al público con la publicación de un decreto en 2005.
Este decreto establece que una gasolinera debe estar atendida al menos por un empleado, requisito que incumplen las “unidades de suministro desatendidas que cada vez proliferan más porque es más rentable pagar una multa de 300 euros que pagar a un obrero”.
Domínguez ha subrayado que, al ahorrarse los costes de personal, los propietarios de este tipo de gasolineras “juegan en otra liga”, incurriendo en competencia desleal respecto al resto de los empresarios del sector.
Esta distorsión de la competencia está teniendo un impacto sobre el empleo, subrayó por su parte Ángel león, secretario general de CCOO-Industria CLM, sindicato que ha elaborado un estudio que pone en evidencia que las 117 gasolineras desatendidas que existen actualmente en la región han supuesto la pérdida de 136 puestos de trabajo, a los que hay que sumar otros 60 más correspondientes a los empleos que se están ahorrando las nuevas unidades de suministro desatendidas que han abierto desde 2014.
León explicó que desde la entrada en vigor la ley 11/ 2013, “De medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”; que facilitó la apertura de este modelo de estaciones de servicio, la cifra de gasolineras desatendidas no ha dejado de crecer en nuestro país, con graves perjuicios para la competencia, el empleo y los derechos de los consumidores, y muy en especial de las personas con discapacidades.
Al respecto, el presidente de FACUA-Castilla-La Mancha, Francisco Ferrer, ha subrayado que las estaciones de servicio sin empleados causan indefensión a los consumidores ante cualquier problema que puedan sufrir, además de introducir riesgos inexistentes en las gasolineras con personal.
Por su parte, la técnico jurídico del CERMI-CLM, Paulina de la Vega, ha subrayado que las estaciones desatendidas no sólo vulneran el decreto de CLM sobre derechos de los consumidores, sino que también supone la vulneración de la Convención de la ONU de Derechos de Personas con Discapacidad de 2006, del texto refundido de la Ley General de los Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley Regional de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha en 2014.
Todos han subrayado además los riesgos que entrañan las estaciones desatendidas. Así, León ha justificado la “alianza sellada” entre todos los sectores afectados en que “la sociedad debe poner coto a una situación que puede traducirse en situaciones dramáticas”, por el material inflamable que se dispensa en estas instalaciones. “Ya ha habido explosiones de instalaciones y de vehículos, afortunadamente hasta ahora sin víctimas”, ha apuntado por su parte Domínguez.
Por todo ello, empresarios, sindicatos, consumidores y personas con discapacidad reclaman el endurecimiento del régimen sancionador del decreto de 2005 mediante la modificación del Estatuto del Consumidor. Domínguez ha indicado que, en su día, propusieron a la administración que las multas fueran de 6.000 euros en adelante, frente a los 300 euros de la actualidad. Pero, en cualquier caso, todos han subrayado que “las sanciones deben ser disuasorias. No puede ser que salga más barato incumplir la ley que cumplirla”
