El presidente del Ejecutivo autonómico ha aclarado que los servicios jurídicos del Gobierno regional “ya tiene instrucciones para procesar toda la información de la auditoría” para la que también ha exigido la colaboración del Consejo de Administración del ente público con la finalidad de arrojar “transparencia absoluta” sobre este asunto y comprobar “en qué se ha gastado cada céntimo de euro del dinero de los ciudadanos”. “Lo exige la ley, la decencia, la moral y la ciudadanía”, ha enfatizado García-Page.
Del mismo modo, ha adelantado que el Gobierno de Castilla-La Mancha emprenderá acciones legales por la vía penal en el caso de que fuera necesario reclamar responsabilidades en este sentido, al mismo tiempo que ha subrayado la conveniencia de que, en caso de que se confirmen las informaciones publicadas, la responsabilidad de las mismas, no se limiten “exclusivamente al director de la televisión”.
Para García-Page no tiene justificación que el exdirector de RTVCM contara con una tarjeta de empresa cuando “ganaba, no digo que se lo ganara, sino que ganaba 120.000 euros al año” cuando “esta región ha visto despedir 20.000 familias desde el sector público en los últimos cuatro años; se ha destrozado la Sanidad; se han quitado las ayudas escolares de los niños; se suprimió la gratuidad de los libros” o los expedientes de 26.000 familias con posibilidad de recibir ayudas a la dependencia se encontraban “guardados en los cajones” o se ha doblado la deuda “en 6.000 millones de euros” en la última legislatura.