La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), como sindicato más representativo en las administraciones públicas españolas, denuncia que el modelo de protección social y asistencia sanitaria de los funcionarios (Muface), que solo en la provincia de Ciudad Real cuenta con más de 10.000 miembros, se encuentra en grave peligro, ya que según las previsiones del Gobierno, se halla en números rojos y no contará con liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago.
La crisis económica y el escaso apoyo económico, tanto del Gobierno actual, como del anterior ejecutivo socialista, ha generado una paulatina reducción del remanente de tesorería, que se ha visto mermado en 1.052 millones desde 2009, de tal manera que a diciembre de este año, las reservas se situarán por debajo de los 100 millones.
Esta situación ha obligado al Gobierno a modificar sus previsiones e introducir un adelanto de tesorería de 90 millones de euros, a modo de anticipo para hacer frente a los pagos de esta entidad durante los meses de enero y febrero.
Este anticipo se ha introducido a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de Presupuestos que se encuentra actualmente en trámite parlamentario. El actual remanente de tesorería no otorga prácticamente margen, dado que no alcanza siquiera para cubrir los gastos de un mes.
Esta situación se produce como consecuencia de la reducción paulatina de las aportaciones del Gobierno, la utilización irresponsable del remanente, a lo que se suma la paulatina reducción de titulares activos, como consecuencia de la congelación de las ofertas públicas de empleo y el incremento exponencial de jubilados.
La realidad es que cada vez hay menos personas que aportan a la mutualidad, y más jubilados de avanzada edad y por tanto con mayor consumo sanitario y farmacológico, junto a la reducción paulatina de la aportación del Gobierno, maquillada con el uso irresponsable del remanente de tesorería, nos ha llevado a la situación actual.
Muface sustenta el modelo de protección social y asistencia sanitaria de los funcionarios civiles del Estado desde 1975 para resolver la situación de discriminación que padecía este colectivo, dado que no estaba incluido en el Sistema Nacional de Salud.
Pacto político urgente
Ante esta grave situación, CSI·F reclama un pacto político urgente para garantizar la viabilidad del sistema a corto y medio plazo, actualmente seriamente comprometida e iniciará una ronda de contactos con el ministerio de Hacienda, grupos parlamentarios y los diferentes agentes implicados, que tienen la obligación de aunar esfuerzo para que el modelo perdure de manera estable a lo largo del tiempo.
De lo contrario, el agotamiento del modelo tendría funestas consecuencias para el Sistema Nacional de Salud, que vería incrementado en dos millones sus nuevas afiliaciones de manera brusca y repentina.
Esta situación sería altamente perjudicial para las arcas públicas, por los mayores costes que tendría que soportar, además de suponer un completo desastre para la planificación sanitaria del país.
