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El sindicato UGT ha exigido al PSOE y a Podemos que retiren la enmienda que “permite que todos aquellos cargos nombrados políticamente consoliden el máximo nivel retributivo que han recibido mientras ocupaban estos puestos”.

De este modo, lamenta el sindicato en nota de prensa, se garantiza a estos altos cargos que, “durante el resto de su vida profesional, su retribución se vea incrementada sin haber participado en los procesos objetivos que permiten incrementar las retribuciones al personal de la Administración” que son “promoción interna, promoción directa en el puesto, concurso General de méritos”

Esta propuesta “vergonzosa”, a juicio de UGT, “podría conculcar todos los principios constitucionales de funcionamiento de la Administración pretende ser incorporada al texto de los futuros presupuestos de Castilla-La Mancha”.

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En un contexto en el que los responsables de la Administración Regional “justifican en la falta presupuestaria la no recuperación de las retribuciones perdidas por todo el personal; sI se pueden permitir el lujo de otorgar prebendas económicas a todas aquellas personas que han ostentado un cargo en el Gobierno o la Administración para toda su vida laboral, faltando con ello al respeto a toda la ciudadanía que continua sufriendo las consecuencias de una crisis económica”, critican desde el sindicato.

Ponen como ejemplo que, “para tratar de ilustrar el impacto económico en caso de aprobarse esta enmienda, tomando como referencia a un funcionario o funcionaria del grupo A1, a lo largo de toda su vida laboral y superando diferentes procesos selectivos puede alcanzar un nivel 25, lo que supone un incremento mensual de su complemento de destino de 181,57 desde su nivel base”.

Mientras que alguien designado discrecionalmente, continúa UGT, “tras pasar por el cargo podría llegar a un nivel 30, lo que supone un incremento mensual de 534,34 euros, lo que al año supone unos 7.500 euros para toda su vida laboral y alcanzar este estatus solo por haber sido designado por el cargo político de turno”.

UGT asegura que “tal y como se plantea la enmienda y sin clarificar demasiado, podría ser de aplicación a todas las personas que hubieran ocupado un cargo de como miembro del Consejo de Gobierno, senadores, diputados regionales, alcaldes, cargos de las diputaciones provinciales y un extenso número de altos cargos y personal directivo desde la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público”.

Por este motivo, a juicio de UGT, “resulta imposible cuantificar el impacto económico que tendría actualmente y en el futuro la aprobación de esta enmienda”.

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