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miércoles, 17 abril

C-LM aprueba el anteproyecto de Ley de Zonas Prioritarias y prevé que inicie en septiembre su tramitación parlamentaria

C-LM aprueba el anteproyecto de Ley de Zonas Prioritarias y prevé que inicie en septiembre su tramitación parlamentaria

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha avanzado este jueves que el anteproyecto de Ley de Estímulo de Zonas Prioritarias ha sido aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno y que se espera que arranque su trámite parlamentario en el mes de septiembre.

Este nuevo texto legislativo ha llegado al Consejo Consultivo después de que el anteproyecto de ley no haya recibido ninguna alegación, según ha informado Franco en declaraciones a los medios.

Las consejerías del Gobierno castellano-manchego tendrán a partir de la aprobación de la ley un plazo de seis meses para adaptarse a ella, de manera que todas sus iniciativas prioricen a los municipios recogidos en la normativa.

«Esta ley viene a complementar la estrategia del Gobierno para impulsar el crecimiento en zonas despobladas con las Inversiones Terrotoriales Integradas (ITI), y lo que viene es a trabajar en las poblaciones que han sufrido mayor pérdida de empresas y población», ha sentenciado.

Franco ha recordado que la futura Ley de Estímulo de Zonas Prioritarias que está ultimando su departamento priorizará y potenciará todas las iniciativas del Gobierno en aquellas localidades que presenten una tasa de paro tres puntos por encima de la media nacional y que haya perdido más de un 1% de la población en los últimos cinco años.

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Las localidades que cumplen estos requisitos son Talavera de la Reina, «donde la crisis se ha llevado a muchas empresas y ha duplicado su tasa de paro»; Villacañas, «que ha triplicado el número de parados»; Puertollano, «que dobla su paro y ha sufrido una pérdida de población considerable»; y otros municipios como Hellín, Daimiel y Almadén.

Con esta normativa, estas localidades «tendrán carácter prioritario en todas las órdenes de Gobierno», y se verán beneficiadas de una reserva de los créditos para las distintas políticas que impulse el Ejecutivo para dotarlas de «un 20% más de intensidad» en sus territorios.

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