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jueves, 28 marzo

Argamasilla de Alba avanza con el Proyecto CLIME hacia un municipio más sostenible

Argamasilla de Alba avanza con el Proyecto CLIME hacia un municipio más sostenible

La Corporación del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba reunida el pasado jueves 26 de enero en sesión ordinaria aprobó todos los puntos sometidos a votación, entre ellos una propuesta de Izquierda Unida contra las medidas de austeridad de la Unión Europea y de la Ley de estabilidad presupuestaria.

Con el voto favorable del PSOE, en contra del Partido Popular y la abstención de IU, salió adelante la modificación de un crédito que facilitará el inicio de los trámites para la adquisición de una parcela de 7.000 m2 próxima al recinto ferial que en un futuro permitirá unificar todas las instalaciones deportivas en una misma zona.

Los grupos de la oposición se mostraron en contra de esta adquisición por no considerarla oportuna en el momento actual, mientras que el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, afirmó que “cuando el tren pasa por la puerta lo más acertado es subirse y aprovechar la circunstancia”.

Para agilizar el pago de facturas a los proveedores, el Equipo de Gobierno solicitó al pleno la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito, que asciende a 146.546,48 euros, un trámite puntual pero necesario para poder pagar las facturas pendientes de 2016.

La portavoz del PP, Sonia González, acusó al Equipo de Gobierno de “guardar facturas en los cajones”; mientras que la de IU, Esther Trujillo, afirmó que esta es la consecuencia de hacer gastos que no están presupuestados.

Ante las acusaciones, Jiménez apuntó que el presupuesto anual se va adaptando y modificando según las necesidades, pero “en ningún caso hay facturas en el cajón”, como pone de manifiesto que el Ayuntamiento tiene una media de pago a proveedores de 30 días, y además no solo cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria sino que tiene superávit, indicó el primer edil.

Por unanimidad salió adelante la adhesión al Convenio Marco suscrito entre la administración del Estado y la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para implantar un modelo integrado de atención al ciudadano denominado: Oficina Registro Virtual (ORVE); un proyecto que permite digitalizar el papel presentado por el ciudadano en las oficinas de registro, y enviarlo electrónicamente al destino al instante, sea cual sea su ubicación geográfica o nivel de administración competente.

De igual forma, salió adelante la solicitud de formalización de un convenio con la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha para la construcción o explotación de una nueva depuradora de aguas residuales en Argamasilla de Alba, habida cuenta de que la actual está agotando su vida útil.

También por unanimidad se ratificó la continuidad del municipio en la segunda fase del Proyecto CLIME (Innovación y Eficiencia Energética en las Entidades Locales) en el que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) licitará las obras necesarias para la sustitución de las luminarias públicas, edificios y sistemas de calefacción, un proyecto económicamente muy beneficioso para la localidad y más sostenible para el medio ambiente que el actual.

Con el voto favorable de PSOE e IU y la abstención del PP salió adelante la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentada por el concejal Ángel Rodríguez, de rechazo a la política de austeridad derivadas de las exigencias de la Unión Europea y de lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la solicitud de unión de las corporaciones locales para combatir los efectos negativos de las políticas de austeridad sobre los ciudadanos.

Cabe recordar que en la mencionada Ley se establece “la prioridad absoluta” de pago de los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto, y el superávit presupuestario se destinará a la reducción de endeudamiento neto, o al Fondo de Reserva en el caso de la Seguridad Social, aunque se esté al corriente de los pagos, “atando de pies y manos a la administración”. Una Ley que limita la capacidad de implementar políticas sociales, en ayuntamientos con superávit, como es el caso del argamasillero, viendo así “constreñida la capacidad de gasto y de hacer inversiones sociales necesarias para la ciudadanía”, apuntó el concejal de IU.

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