El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha aprobado, en pleno extraordinario, el inicio de revisión del procedimiento de adjudicación de la empresa de Aguas.
A partir de ahora, se espera que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha emita un dictamen favorable al equipo de Gobierno, que permita la remunicipalización después de haber consultado a una mesa de asesores compuesta por siete abogados que consideran acertada la anulación en el cambio de gestión. Si esto se corroborara, todos los procesos realizados desde entonces habían sido incorrectos.
Con 12 votos a favor (EQUO, PSOE e IU) y seis abstenciones del PP, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, siendo un órgano imparcial e independiente, dispondrá de toda la información necesaria del expediente para pronunciarse en la «venta-regalo de Aguas de Alcázar» que, desde EQUO, Juan Garrido ve como «la mayor ignominia que ha habido en Alcázar de San Juan».
La mesa de asesores a la que ha consultado el equipo de Gobierno socialista considera que, tras anularse la aprobación de la sentencia en el cambio de modelo de gestión, quedan anuladas también todas las acciones realizadas posteriormente a esta.
Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha argumentado, en palabras de su portavoz, Diego Ortega, que «era necesario buscar un socio externo que asumiera la deuda contraída por la mala gestión de la empresa Aguas de Alcázar».
Asimismo, ha apuntado que al Consejo Consultivo le «falta el documento más importante: el Informe Económico que explica cuál sería el coste de la recuperación de Aguas de Alcázar». Gonzalo Redondo, primer teniente de alcalde, ha declarado que «Diego Ortega nos debería explicar por qué se cambió a corto plazo una deuda contraída a medio plazo».
A pesar de que desde el Grupo Municipal Popular se dice que basó su decisión de cambiar el modelo de gestión de Aguas de Alcázar a una empresa mixta ya que «era lo mejor para el interés general buscar un socio externo» por no poder asumir la deuda de 8 millones de euros, desde los otros tres partidos, Antonio García, portavoz de IU, ha manifestado que «el PP lo haría tan bien que ahora está en la oposición».
El PP alcazareño fue acusado de causar la «la quiebra técnica de la empresa Aguas de Alcázar», ya que al provocar la privatización del servicio de aguas «montándose una película», según Redondo, «hemos traspasado el agua de los vecinos a FCC Aqualia».
Esta multinacional «es quien posee los derechos del agua en Alcázar» y a quien según la alcaldesa, Rosa Melchor, «le hemos dejado una cartera de clientes de 32.000 personas que representan a los habitantes de Alcázar de San Juan en la actualidad, algo que constituye un monopolio».
